PSOE, C’s e IU impiden que se amplíe la investigación política del fraude

Frenan la segunda tanda de comparecencias que pedían PP y Podemos y la comisión acuerda, sin mayoría absoluta, fijar el 19 de septiembre como límite para plantear las conclusiones partidarias, pese a que aún faltan expedientes por llegar

Los comisionados decidieron ayer que la comisión de investigación tenga ya las semanas contadas
Los comisionados decidieron ayer que la comisión de investigación tenga ya las semanas contadas

Frenan la segunda tanda de comparecencias que pedían PP y Podemos y la comisión acuerda, sin mayoría absoluta, fijar el 19 de septiembre como límite para plantear las conclusiones partidarias, pese a que aún faltan expedientes por llegar.

En ocasiones lo previsible se hace realidad. La comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz para depurar responsabilidades políticas por el presunto fraude en torno a los cursos de formación subvencionados por la Junta rechazó ayer –con los votos de PSOE-A, Ciudadanos (C’s) e IULV-CA, frente a los del PP-A y Podemos– la celebración de una segunda ronda de comparecencias, tras la primera en la que se materializaron 66, de las 69 acordadas de inicio por los Grupos.

En una reunión a puerta cerrada, convocada a las 17:00 horas en la Sala de Junta de Portavoces, los comisionados, que ya están en tiempo de descuento, confirmaron el bloqueo de la mayoría de las formaciones y llegaron a otro acuerdo, aunque tampoco por unanimidad. Los distintos Grupos tendrán hasta el 19 de septiembre para plantear sus propuestas de conclusiones finales, en las que fijarán sus visiones de las posibles responsabilidades políticas, pese a que no se han cumplido dos condiciones del plan de trabajo establecido en octubre de 2015 por la propia comisión para poder pasar a esa fase. En aquél se marcó que antes de hacerlo debían haber declarado todos los comparecientes llamados, y no lo ha hecho un ex directivo de Forja XXI sin justificación excepto que no ha podido acudir por enfermedad, por lo que los diputados no han podido interrogar a nadie sobre lo sucedido en ese ente; y tenían que haber recibido toda la documentación solicitada, lo que, por ahora, «tampoco ha sucedido», según fuentes de la comisión. Las mismas que apuntaron que ayer mismo «llegó una furgoneta al Parlamento con documentos procedentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)» y el órgano parlamentario requirió nuevos datos a la Junta.

Al margen de esas circunstancias y en relación a la fecha elegida del 19 de septiembre, la parlamentaria andaluza del PP-A, Teresa Ruiz-Sillero, explicó a LA RAZÓN que, si bien la había propuesto su partido, finalmente votaron en contra porque la condicionaron a que «se celebrara una reunión previa en la que se constatara que todos los documentos hubieran llegado». «El PSOE y sus socios, C’s e IU, han aprobado un cierre en falso y precipitado de la comisión en el peor momento político de Susana Díaz –la presidenta andaluza y compareciente–», condensó. El diputado de Podemos, Juan Ignacio Moreno Yagüe, por su parte, lamentó que «los andaluces no puedan escuchar qué se hacía con su dinero de la mano de las víctimas de lo que ha pasado, que son los alumnos, y de los profesores. Es alucinante», resumió, para confirmar que el Ejecutivo regional no ha atendido aún más de la mitad de las peticiones de información realizadas por su formación. Yagüe avanzó que Podemos intentará citar a los afectados que pretendían incluir en la segunda tanda e invitará a los medios de comunicación para que sean ellos los que hagan las preguntas.

Tras las conclusiones partidarias comenzará el intento de elaborar un dictamen final consensuado que se elevará al Pleno del Parlamento regional para su discusión y su aprobación definitiva o no –la investigación parlamentaria sobre los ERE irregulares de 2012 finalizó sin él–. Esto será ya en otoño, posiblemente en octubre. Al margen de los tiempos, de lo sucedido ayer se podría desprender que la confluencia entre Podemos e IU podría haber sido sólo un ejercicio de voluntarismo electoral.

El ex director del SAE en Huelva calla en el juzgado

El ex delegado de Empleo y ex director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Huelva, Eduardo Muñoz, citado a declarar ayer en calidad de investigado por el juzgado onubense de Instrucción número 5, encargado de la causa abierta en torno al presunto fraude en los cursos de formación subvencionados por la Junta, se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Muñoz permaneció en el edificio judicial alrededor de una hora y a la salida intentó esquivar a los medios de comunicación eligiendo la puerta trasera. No lo consiguió, aunque igual que en el interior, también optó por guardar silencio. El juzgado había convocado además al ex jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua del SAE José Ángel Gil Flores quien repitió estrategia acogiéndose igualmente a su derecho a callar ante el juez.