PSOE y Cs aprueban un dictamen que mutila las responsabilidades políticas

El resultado final no es el mismo que en 2012, cuando el Parlamento no pudo ni siquiera aprobar el dictamen de la comisión de los ERE fraudulentos, pero casi. Esta vez la Cámara, con el voto a favor de PSOE y de Ciudadanos, sacó adelante sólo parte del texto–que se votó en dos bloques– y que excluye el capítulo de responsabilidades, entre ellas la de los ex presidentes Chaves y Griñán. El diputado del PSOE Rodrigo Sánchez Haro volvió a apelar ayer a que el señalamiento de los dos ex dirigentes se debe simplemente a una «campaña de acoso y derribo» abanderada por el PP. «Abandonen la guillotina», llegó a espetar en un debate corto pero bronco por el tono de los reproches y que acabó con polémica en la ronda de votaciones. IU, de hecho, se quedó sin votar el primer bloque ya que no entendió el sentido del pronunciamiento y pidió una repetición que negó el presidente, como negó también que el PP pudiera aclarar, tal y como recoge el Reglamento, su postura. Podemos declinó participar en la votación.

En la comisión de los ERE, el principal punto de discrepancia fue el techo de la responsabilidad política. El PSOE la situó en el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, IU en el ex consejero José Antonio Viera y el PP en los ex presidentes autonómicos. El tiempo ha acabado dando la razón al PP. A Chaves y Griñán sólo les falta la fecha para sentarse en el banquillo de los acusados. Esta vez, el principal punto de discrepancia ha girado en torno a la responsabilidad de Susana Díaz por la paralización de los cursos de formación en la comunidad, en el dique seco desde el año 2012. Todos los grupos, salvo PSOE y Ciudadanos, la señalaron en sus escritos de conclusiones y lo han mantenido hasta el final.

Ayer, por tanto, se puso punto y final a unos trabajos que se iniciaron hace año y medio y que han implicado una intensa actividad parlamentaria. Han comparecido 66 personas, entre ellas dos ex presidentes andaluces y la actual jefa del Ejecutivo, mientras que la Junta ha remitido –no sin retrasos que motivaron que Podemos y PP amagaran con levantarse de la mesa– medio millón de folios que llenan, como ejemplificó gráficamente la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero, 120 metros cuadrados.

Las palabras de la diputada de Cs Marta Bosquet ya avisaba del resultado. «No dejemos que pase igual que en la comisión de los ERE, que por intereses partidistas se quedó sin declaración de responsabilidad». Bosquet aludió a la «anarquía» y la «nefasta gestión» de los fondos de formación entre 2002 y 2012, que convirtió la Junta en una «barra libre». Instó incluso al PSOE a pedir perdón por gestionar las ayudas como una «república bananera», pero en relación a la responsabilidad de Susana Díaz sólo llegó a lo que ya menciona la ponencia síntesis que elaboró su grupo. Esto es, que se ha producido una situación «socialmente reprochable», pero que la jefa del Ejecutivo no tiene una responsabilidad política directa.

Una responsabilidad que sí apuntaron de manera clara tanto el Partido Popular como Podemos. Juan Moreno Yagüe (Podemos) argumentó que el hecho de que desde 2012 no se hayan producido convocatorias para realizar cursos de formación es más grave incluso que la «chapuza, corrupción y negligencia» que se han producido en los años investigados. «En esos años la formación se hizo mal, pero al menos se hizo. De 2012 en adelante ni siquiera se ha hecho formación», justo en el momento de «explosión del paro» en la región.

Por su parte, la diputada de PP Teresa Ruiz-Sillero calificó de «deplorable» el dictamen. «Es lo mínimo de lo mínimo para no perjudicar a Susana Díaz». «Sólo señala a dos amortizados en el Partido Socialista», deslizó en referencia a Chaves y Griñán.