Puerta abierta a la recusación del ex alto cargo de la Junta que juzgará a Chaves y a Griñán

La Audiencia de Sevilla admite a trámite los intentos de apartarlo del PP y de Manos Limpias

La magistrada de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla Carmen Barrero ha puesto la maquinaria a funcionar al admitir a trámite los incidentes de recusación promovidos por el PP-A y por el sindicato Manos Limpias contra el también juez y ex alto cargo de la Junta Pedro Izquierdo, designado como ponente del juicio de la rama política de los ERE fraudulentos –la que afecta a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán–, después de que aquél decidiera no abstenerse. En el auto, consultado por LA RAZÓN, Barrero plantea que no existe base amparada en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para no hacerlo. Tiene que ser el tribunal al que corresponda instruir el asunto el que decida si las razones invocadas en sus escritos por ambas partes personadas en el «macroproceso» de los ERE «tienen o no encaje en las causas de recusación que se citan», si tienen o no «consistencia», si «se justifican o no» o si ha sido invocadas o no «de forma tardía o abusiva», así como el que deba determinar las prácticas de las pruebas que estime oportunas.

La jueza rechaza en su resolución las pretensiones de algunos de los encausados como la ex consejera Carmen Martínez Aguayo de que se inadmitiera la recusación de Manos Limpias, o las del ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, quien intentó cuestionar incluso la personación de los populares en el proceso.

Por lo que respecta a las pruebas, la magistrada respalda las pedidas por el PP relativas a los Boletines Oficiales de la Junta (BOJA) en los que se recogen los nombramientos como alto cargo de Izquierdo y las esgrimidas por otro de los investigados, como es el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, con las que busca acreditar el mencionado carácter tardío y abusivo de la causa de recusación. Por contra, rechaza solicitar al Ejecutivo regional una copia de las actas del Consejo de Gobierno del 29 de abril de 2008, como quería la organización sindical, para saber si alguno de los encausados votó a favor de incluir a Izquierdo en el organigrama de la Administración. Barrero sostiene que esa diligencia «nunca obtendría el resultado» ambicionado, dado que las opiniones o los votos emitidos «no constan» en esos documentos de acuerdo a la legalidad y, al igual que las deliberaciones del Consejo de Gobierno, son secretos y los miembros de ese órgano están obligados a no revelarlos «aún cuando hubieran dejado de pertenecer a él». ¿Y ahora qué sucederá? Fuentes judiciales explican que, una vez el auto sea firme, se remitirá a la oficina de reparto de los juzgados. Si bien, la causa sólo podrá recaer en las secciones Tercera o Séptima de la Audiencia, al pertenecer Izquierdo a la Primera y Barrero a la Cuarta.