«Quema de documentos» junto a un vehículo de la Junta

El «misterio» de la quema de documentos de la Junta quedó resuelto, oficialmente, en horas. Lo que arrancó con una denuncia con tintes de novela negra acabó poniendo en entredicho la metodología de la Junta a la hora de deshacerse de material, muy alejada del argumentario diario de las políticas de I+D+i y más en la línea de la tradición del chapuz. La vicesecretaria de Política Institucional del PP-A, Patricia del Pozo, solicitó ayer que Susana Díaz aclare la «quema de documentos» y la presencia de un vehículo de la Junta en un descampado del parque Riberas del Guadaíra en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y señaló que pedirá «inmediatamente» la solicitud de comparecencia en el Parlamento para que «el Consejo de Gobierno explique estos hechos tan lamentables», que ocurrieron el viernes sobre las 17:30, cuando un ciudadano «nos dice que un vehículo de la Junta está en un descampado junto a una hoguera donde se están quemando papeles», y cuando «mis compañeros llegan comprueban que hay restos de una gran hoguera que aún permanece encendida», aunque «ya no está el vehículo». Según Del Pozo, los restos «son difícilmente reconocibles, hay algunas cajas con el logo de la Junta, muchos restos de papel satinado, y algunos proyectos de formación», y «nos sorprende que quedan restos de anillas metálicas, lo que nos hace pensar que también se han quemado archivadores». Además, «había restos de otras diez u once hogueras de días anteriores». Igualmente, llamó la atención sobre que los hechos se produjeran «finalizado el horario de trabajo». «Éste es el protocolo de destrucción de documentos de la Junta o de destrucción de residuos de papel», añadió la vicesecretaria popular, apuntando que estamos «en un momento en que está en entredicho la colaboración documental de la Junta tanto con la comisión de formación y con los juzgados». Podemos también exigió explicaciones.

La Dirección General de Política Interior de la Consejería de Justicia e Interior dio instrucciones a la Unidad de Policía Adscrita de la Junta para investigar los hechos. La Junta, ya por la tarde noche, aseguró que «el material destruido carecía de valor alguno por tratarse de publicaciones obsoletas destinadas a su eliminación». «En su mayor parte» eran «folletos, cartelería, trípticos y diversos catálogos de la Consejería de Agricultura», que «fue llevado en un principio para su destrucción a un punto limpio, pero los trabajadores descartaron esta opción ante el temor a un posible incendio», por lo que, según la Administración, optaron por prenderles fuego en terrenos «propiedad de la Junta».