«Roma locuta, causa finita»

Un ex jefe jurídico del IFA señala que la Consejería de Empleo «presionaba» para hacer los pagos de los ERE «rápido» y se desatendían los reparos

«Roma locuta, causa finita». En estos términos explicó el jefe de la asesoría jurídica del IFA entre febrero de 2003 y marzo de 2004, Francisco José Oyanarte, en su declaración como testigo en la causa por el «procedimiento específico» de los ERE, el resultado de sus reticencias al papel que desempeñaba el ente público (después IDEA) en el entramado de las ayudas sociolaborales. Oyanarte indicó que se solicitaron a la Consejería de Empleo los expedientes de concesión que el IFA pagaba y «no llegaron nunca».

La jornada arrancó con el magistrado presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, llamando, de nuevo, la atención a fiscales, acusaciones y defensas para acotar los interrogatorios, ya que, algunas cuestiones «no son relevantes» y «no podemos seguir a este ritmo». Y concluyó con Oyanarte explicando que ahora trabaja «en la vías periféricas» (empresas participadas por el IFA) tras admitir que le cesaron porque «era una persona incómoda». Oyanarte explicó que el convenio marco «no era conocido en el IFA» y cuando ve «esos convenios» considera que «no puede firmarlos un director general porque superan su límite de 450.000 euros». «Siempre he sido muy celoso de mis competencias», indicó. «No me gustaba que mi director general firmara solo, me gustaba que firmara con el soporte de mi firma o la de mis letrados. Le planteé la posibilidad de conocer esos expedientes. Empleo no los mandó. Nunca», señaló. El contenido de esos documentos eran «órdenes de pago a una entidad instrumental» pero «faltaban datos». Los altos cargos, testificó, «querían agilidad absoluta». «Tenían prisas desorbitadas para esos pagos». «No podemos hacer un expediente sobre dos carillas con una orden de pago», explicó, indicando que el director general «ni puede ni debe firmarlos». De ahí que insistiera en que pasaran «al consejo rector». En una de estas reuniones se produjo «una disparidad de criterio fuerte» (la mayor, con Primayor) porque «sostenían que no era dinero del IFA» sino «una ayuda finalista que había que computar por cada trabajador y ninguno superaba los 450.000 euros y podía firmar el director general». Oyanarte aludió a Bueno Lidón como uno de los más vehementes pero «Antonio Fernández (viceconsejero y presidente del IFA entonces) llevó el peso». El jefe jurídico pretendía que la ayuda pasara por consejo rector y Consejo de Gobierno. «Acabó como con los calvinistas medievales: Roma locuta, causa finita. Yo no puedo hacer más. Las instrucciones eran seguir con el criterio que se seguía desde 2001». «Roma locuta, causa finita», insistió el testigo con la metáfora de la expresión utilizada en el Imperio para determinar el fin de un contencioso tras la decisión del Senado de Roma, que en Sevilla tiene una avenida que conduce al Palacio de San Telmo. El testigo también se refirió a las presiones para «pagar» con «rapidez» «como si fuéramos caballos de carreras. Todo a la prisa, con un ambiente de trabajo muy complicado». Mencía, ex director del IFA, «cada vez que venía de la Consejería tenía la tensión alta». Con José Antonio Viera en el cargo, constató que «no confiaban en mí». Su opinión es que «no se debía pagar una ayuda sin ratificar por el Consejo de Gobierno». «Fui una persona especialmente incómoda para algunos cargos», señaló, citando incluso «una investigación» que hizo sobre Pickman, cuya ayuda conoció «por un fax de dos líneas» con un número de cuenta para un pago con el que «cumplir compromisos adquiridos por el consejero». La ayuda llegó ya firmada al consejo rector «sin poder añadir una coma».

Por su parte, el ex secretario general del IFA entre 1994 y 2002, Antonio Lara Revilla, dijo que «nunca» se plantearon que los convenios «pudieran ser ilegales» y que estos eran en realidad «encargos de ejecución típicos».