Sí que hay motivos

El ex presidente andaluz José Antonio Griñán aseguró ayer en la multitudinaria rueda de prensa ante los medios de comunicación que no hay «indicios o principios de prueba para imputar». Griñán se aferra al discurso que ha mantenido en los últimos meses en los que el avance de la investigación lo ha ido poniendo en una posición cada vez más complicada. Su gestión como consejero de Economía y Hacienda (2004-2009) sí arroja indicios que pesan gravemente en su contra.

Las 15 alertas

El ex presidente andaluz recibió hasta 15 advertencias de la Intervención General. El máximo órgano de control de la Administración alertaba de que la Junta había elegido una fórmula inadecuada –la transferencia de financiación– para el pago de las ayudas. Esta fórmula estaba produciendo un importante descontrol contable. La Intervención señalaba claramente que la Junta estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido». La Intervención no abrió un informe de actuación porque no detectó menoscabo de fondos públicos, pero sí un informe especial que le llegó a Griñán, como a otros dos consejeros, en 2005. El ex presidente andaluz ha dicho reiteradamente que no leyó los informes porque no se los trasladó su viceconsejera y que no estaba obligado a actuar.

Abultados desfases

Uno de los puntos que difícilmente puede rebatir Griñán es la existencia de elevados desfases que alcanzaron los 95 millones de euros en 2005. La causa estaba en la fórmula irregular elegida para el pago de los ERE. ¿El consejero de Hacienda no se interesó por unas anomalías contables que podían incluso afectar al déficit?

«Cebar» la partida

Griñán lógicamente tuvo conocimiento de estos desfases y él mismo alardeó en el Parlamento de que contribuyó a nivelarlos, tanto es así que cuando dejó la Consejería de Economía y Hacienda en 2009, el problema estaba resuelto. Su contribución fue a través de numerosas modificaciones presupuestarias, lo que el ex interventor general calificó como «cebar la corrupta partida de los ERE». Entre 2001 y 2009 estas modificaciones alcanzaron los 124.474.864 euros. No hay que perder de vista que en el auto del martes en el que Alaya se refiere a Griñán «en calidad de imputado», la magistrada aborda específicamente estas modificaciones de crédito como una de las patas de la trama: posibilitaron «un uso ilícito de fondos públicos a través de la utilización palmariamente irregular de las transferencias de financiación».

Velar por la Hacienda

El auto por el que Alaya imputó a la ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que antecedió a Griñán en la Consejería de Economía y Hacienda (1994-2004), ya suponía prácticamente la imputación virtual del ex presidente andaluz. La titular del juzgado número 6 de Sevilla subrayaba la responsabilidad del capitular de la Consejería de «velar por la ejecución del Presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda andaluza». El juicio de imputación le compete, en última instancia, al tribunal competente (el Supremo), pero no hay que perder de vista que lo hará en función de la exposición razonada que envíe Alaya, que esgrimirá los argumentos aquí expuestos y otros más que se deriven de unas diligencias aún en marcha.