Siete cargos de la Junta imputados por la concesión de la mina Aznalcóllar

La jueza Patricia Fernández, que investiga la adjudicación al conglomerado México-Minorbis de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, imputó ayer a la directora general de Minas de la Junta, María José Asensio, y a otros seis cargos por un presunto delito de prevaricación. Con sus declaraciones, fijadas entre los días 17 y 25 de septiembre, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla quiere aclarar las contradicciones de algunos de estos técnicos con Pilar Trujillano, empleada de Invercaria que declaró previamente no haber estudiado la solvencia económica del grupo que resultó finalmente adjudicatario.

Junto a Asensio, la jueza imputa también en el auto, fechado ayer, a Pastora Sánchez, letrada de la Junta; José Marcos, interventor delegado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública; Julio Ramos, miembro de la mesa de contratación en representación de la Consejería de Hacienda; Alberto Fernández, jefe de área de Minas; Juan José García, gerente de Inversiones en Invercaria y Pilar Orche, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Minas de la Junta y asesora técnica de Ordenación Minera. Todos ellos ya fueron detenidos y declararon ante agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La magistrada recuerda que varios técnicos imputados aseguraron que Trujillano estudió las cuestiones de solvencia económica de las empresas que concurrieron y comprobó las cuentas anuales de México-Minorbis, una afirmación que también fue realizada por la letrada de la Junta y el interventor delegado de la Consejería de Hacienda en sendos informes en los que confirman que la documentación financiera del grupo «acredita suficientemente la solvencia de la empresa». Estas afirmaciones «contrastan de plano» con la declaración de Trujillano, en la que «niega haber realizado estudio específico alguno en materia de solvencia económica o cuentas anuales referido al grupo México-Minorbis, ni haber informado a la mesa de que la empresa cumpliera sobradamente los requisitos de solvencia económica». En cuanto a Asensio, la jueza la considera «responsable del procedimiento seguido», puesto que es la «firmante del decreto por el que se resuelve el concurso».

La magistrada subraya también los «riesgos» que suponen algunos aspectos técnicos planteados y muestra sus dudas sobre la «solución del agua» adoptada, ya que «no es viable hacer circular todo el agua porque el sulfuro, al contacto con el agua, la vuelve ácida sin que la solución de la adjudicataria solucione este interrogante». Este extremo, según la jueza, debe relacionarse con las «sospechas de contaminación que recoge el informe de la Policía» y las dudas expuestas por el profesor de investigación del CSIC Juan José Negro Balmaseda.

En relación al plano económico, la jueza entiende que las explicaciones dadas por varios miembros de la comisión técnica en sede policial «no son nada satisfactorias», dado que uno de los interventores aseguró que apreció «errores palmarios y evidentes» en la adjudicación.

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por su parte, se felicitó porque, a tenor del auto, «la investigación penal se reduce ya a un presunto delito de prevaricación», subrayando que «no existe indicio de ninguna clase de corrupción». Sobre la imputación de estos siete cargos, remarcó que «sólo pueden ser llamados a declarar bajo esta forma técnico-procesal, a fin de que puedan utilizar todos los medios de defensa que les corresponden».

En cualquier caso, el departamento que dirige José Sánchez Maldonado mostró su «absoluta confianza» en que las declaraciones «aclaren definitivamente las tres dudas administrativas que se mantienen», como son la solvencia económica de la empresa adjudicataria, la gestión futura del agua y el acceso al talud sur de la corta de Analcóllar. «La cercanía de esta investigación con un ordinario procedimiento contecioso-administrativo, donde se discute la legalidad o no de cualquier resolución administrativa, es más que evidente», subraya.

El «caso Aznalcóllar» estalló el pasado mes de mayo en plenas negociaciones para investir a la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Entonces, la propia Díaz paralizó la adjudicación tras el demoledor pronunciamiento del juzgado, que estimó que el procedimiento seguido para adjudicar la explotación de la mina no tuvo «el más mínimo rigor». El portavoz de Economía del PP-A en el Parlamento andaluz, Jaime Raynaud, exigió ayer la «dimisión o cese inmediato» de la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio, tras ser imputada. El líder de Ciudadanos, Juan Marín –grupo que finalmente dio su apoyo a la investidura de la presidenta–, consideró que el caso no estaba relacionado con la corrupción y defendió la adjudicación.