Fraude en los cursos de formación
Silencio ante documentos del CioMijas que incluyen «mítines del PSOE»
La ex gerente de la UTE del complejo formativo no responde a las preguntas de los diputados, pero dice que actuó «conforme a derecho». Confirma la existencia de un contencioso-administrativo contra la Junta por impagos, pero no aclara en qué situación se encuentra el proceso
La ex gerente de la UTE del complejo formativo no responde a las preguntas de los diputados, pero dice que actuó «conforme a derecho»
Estaba citada el pasado 22 de marzo y no acudió, ayer sí lo hizo, pero se puso a cubierto. La ex gerente de la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de la gestión de los servicios que se prestaban en el consorcio formativo CioMijas, María de la O Ustarán, leyó ante la comisión de investigación formada por el presunto fraude en los cursos, a la que acudió acompañada de su abogada, una exposición en la que aseveró haber actuado «siempre conforme a derecho» en el ejercicio de su cargo. Luego se negó a responder a las preguntas de los diputados. ¿La razón esgrimida? Fue una de las detenidas en la denominada «Operación Barrado» y declarará ante el juzgado número 6 de Sevilla que instruye la causa y la investiga, a petición propia, el próximo 23 de junio.
Con todo, antes de guardar silencio defendió, entre otras cuestiones, que la UTE que dirigió –compuesta por GDT Asesoramiento Empresarial SLU y Residencial Torrealmádena SA– impartió «satisfactoriamente» y «bajo la supervisión permanente» del consorcio –constituido por la Junta (80%) y el Ayuntamiento malagueño de Mijas (20%)–, «todas y cada una de las acciones formativas a las que se comprometió contractualmente» hasta 2014. O que la documentación relativa a los cursos fue «debidamente» cumplimentada y almacenada en el programa informático designado por el consorcio.
Aseveró también que a partir de 2013, el CioMijas dejó de pagar el precio del contrato –en teoría válido de diciembre de 2005 a diciembre de 2015–, por lo que la UTE solicitó su «resolución» en junio de 2014 e instó una reclamación para «el abono de múltiples facturas no satisfechas y otras cantidades adeudadas», que aún se dirime en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga. En el aire permanecerán las cuestiones que formularon algunos de los representantes de los grupos –el de Podemos y el del PSOE-A rehusaron hacerlo–, tras dejar claro que no les faltaban, dado que, en palabras de José Antonio Castro (IULV-CA) son muchas las «sombras» periodísticas y judiciales que se ciernen sobre el CioMijas.
La parlamentaria andaluza de Ciudadanos (C’s) Marta Bosquet expuso durante su turno que de los 8,6 millones que recibió el consorcio entre 2008 y 2011, destinó 6,3 a la UTE y sólo se justificaron 1,2 en acciones formativas, por lo que se interesó por conocer en qué se había empleado la diferencia. Quiso saber además «a qué obedeció» la creación de un observatorio en el ente –de los Recursos Humanos en el Sector Turístico, formado por la Consejería de Empleo, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), UGT y CC OO y al que, según la Guardia Civil, se le asignaron más de 300.001 euros–. Se preguntó cómo se justificaban los gastos por parte de la UTE, si se emitían facturas, al hilo de lo que expuso que en un expediente de 2012 consultado por su grupo, existe una memoria ligada al CioMIjas en la que aparecen «mítines del PSOE» o «reuniones del PP», que merecerían una aclaración. Como al diputado del PP-A Miguel Ángel Torrico, le hubiera gustado conocer las causas de que se abriera un expediente de reintegro por la totalidad de lo consignado al consorcio, los 8,6 millones.
El popular la interrogó, sin contestación, sobre cuál era su relación con los distintos presidentes que el CioMijas tuvo en una década, ya que eran también directores generales de Formación para el Empleo; sobre por qué en 2009 se produjo una adenda del contrato con la UTE que supuso elevar «casi al cien por cien» la cuantía de éste; o en qué situación se encuentra exactamente el contencioso-administrativo abierto contra el Gobierno autonómico.
El diputado socialista Rodrigo Sánchez Haro empleó su tiempo para repetir el «raca-raca» habitual de su partido cuando un compareciente se acoge a su derecho a no hablar. Acusó al resto de partidos de «coaccionar» a Ustarán, quien negó haberse sentido así, a una pregunta directa de Torrico.
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