Sin ofertas para custodiar las gerencias de la judicializada agencia IDEA

La Razón
La RazónLa Razón

El destino judicial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta, implicada en varios procesos como el de los ERE presuntamente irregulares –actuó como el IFA de caja pagadora para nutrirlos–, Invercaria, o dos distintos abiertos por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a cuenta de los avales que concedió a empresas para favorecer su viabilidad, está por escribirse. Lo que sí se conoce ya es que el Gobierno regional intentó blindar físicamente a su agencia, enganchada en el organigrama de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, para lo que licitó la cobertura de servicios de vigilancia y de seguridad destinada a distintos edificios con los que cuenta, distribuidos por el mapa andaluz. El presupuesto total, IVA incluido, era de 746.414,40 euros, que se elevarían hasta los 1.224.692,80, si se materializaban las prórrogas permitidas en los varios lotes en los que se dividió el paquete global. Pero, no todo ha salido de acuerdo al guión previsto. Uno de esos bloques, en concreto el C, ha quedado desierto por falta de ofertas.

De acuerdo a la información que consta en la plataforma de contratación virtual del Ejecutivo regional, la única sociedad que se había presentado en el procedimiento abierto convocado por la Junta para ser adjudicataria quedó «excluida» y no existía ninguna otra «admisible», conforme a los términos contemplados en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) cosido a esta contrata. Con ese tercer lote se pretendía garantizar el «suministro, instalación, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alarmas», la conexión de éstas a «una central receptora» de alertas, y la «custodia de llaves y servicio de acuda», todo ello para proteger de intrusos y de otros riesgos a oficinas de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Málaga en las que se encuentran las gerencias territoriales de IDEA. Esta parte incluía una partida presupuestaria que podría superar los 37.000 euros, si se cerraban dos prórrogas de un año. Pero nadie custodiará esas instalaciones. Sí se han asignado ya los apartados A y B al Grupo Control Empresa de Seguridad SA.