Parlamento Regional
Sin rastro de la renta básica que recoge el Estatuto andaluz
El Consejo Económico y Social instó en 2016 a ponerla en marcha, pero en los Presupuestos de la Junta no hay reflejo alguno de ella
El Consejo Económico y Social instó en 2016 a ponerla en marcha, pero en los Presupuestos de la Junta no hay reflejo alguno de ella
En los Presupuestos de la Junta para este 2017 no hay ni rastro de la renta básica, ni universal ni siquiera de algún fondo de ese tipo garantizado. Y eso es así, pese a que el Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía, órgano consultivo y de participación social del Gobierno andaluz en materia socioeconómica, recomendó el año pasado abrir camino y conquistar. En un documento de «consideraciones y propuestas» complementarias al informe que dicho ente –en el que están representados los sindicatos UGT-A y CC OO, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), organizaciones de economía social, consumidores, corporaciones locales, universidades y un grupo de expertos– elaboró sobre la «Situación Socioeconómica de Andalucía 2015» se asevera que «es necesario que los poderes públicos pongan en funcionamiento la renta básica recogida en el artículo 23.2 de nuestro Estatuto de Autonomía». Dicho punto normativo reza en su literalidad: «Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley».
Lo indicado por el CES se aprobó en pleno durante una sesión celebrada el 26 de septiembre de 2016, según consta en el propio documento consultado por LA RAZÓN, y las cuentas del Ejecutivo autonómico se presentaron, en forma de anteproyecto de ley, el 14 de octubre de aquel ejercicio y fueron aprobadas por el Parlamento regional en diciembre.
Antes, en noviembre, Podemos anunció que llevaría una iniciativa a la Cámara para reivindicar la renta básica. Si bien, la presidenta del grupo parlamentario y portavoz de Economía y Hacienda de la formación morada, Carmen Lizárraga, reconoció ayer a LA RAZÓN que aún no lo han hecho. ¿El motivo? «Tenemos que abrir un debate con nuestros militantes y las distintas plataformas que ya existen en torno a este asunto para fijar cuál será la posición de Podemos Andalucía, dado que hay quien apuesta por una renta básica universal, es decir una asignación monetaria incondicional que se otorgaría a toda la población; mientras otros pretenden ligarla a cuestiones como la búsqueda activa de empleo».
Para Lizárraga el artículo estatutario al que hacía referencia el CES plantea una dificultad, que es «definir qué se entiende por condiciones de vida dignas». Con todo, la diputada andaluza de Podemos asegura que se pude avanzar en este tema, aunque supere el ámbito fiscal y financiero de las comunidades. «Lo ideal –suma– es que pudiera salir adelante aquí una legislación como la que ya se está preparando en otras comunidades como Valencia», donde uno de los pilares de un plan de inclusión y cohesión social diseñado por su Gobierno, será una nueva renta garantizada ciudadana que sustituirá a las diversas ayudas que ahora pueden solicitarse, como las de comedor escolar o energía, para agruparlas en una sola prestación, según adelantó la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra. Mientras, lo que sí hará Podemos Andalucía es «seguir preguntando» por esta iniciativa en el Cámara, según adelanta Lizárraga, como ya ha hecho ella misma en varias ocasiones a los consejeros de Hacienda y Economía, María Jesús Montero y Antonio Ramírez de Arellano, respectivamente, dado que, a su juicio, «la desigualdad es el mayor problema económico que tenemos hoy en día en la comunidad, con el empleo como está», lanzó la parlamentaria del partido morado. En definitiva, cumplir el Estatuto tendrá que esperar.
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