Sin residencia concertada o pública en Málaga

La grandilocuencia de los discursos dibuja una Andalucía con los servicios sociales como derecho inquebrantable. La práctica, en ocasiones, desmiente la impostura de los atriles y de la teoría. Mónica Mora ha recogido casi 40.000 firmas –casi la mitad que lleva el PP para reformar el impuesto de Sucesiones– a través de la plataforma Change.org. «Hola, mi nombre es Mónica y vivo en Málaga. Tengo dos hijos menores de edad y estoy casada con Benjamín de 35 años, el muchacho de la foto. Benjamín lleva en coma vegetativo desde el 11/2/2011 y durante estos 5 años he estado a su lado día tras día cuidándolo y dándole cariño», comienza. La Junta, después de cinco años de espera, le insta a irse a Almería o Granada si quiere una plaza en una residencia.

«Yo cuido de mis hijos –15 y 13 años– y estoy todo el tiempo que puedo cerca de mi marido, sé que él se alegra cuando me siente al lado. Él y mis hijos son mi razón de vivir, y el verlo todos los días es lo que me da fuerzas para seguir luchando. Agradezco cada día que pasa junto a nosotros ya que por su estado en cualquier momento puede dejarnos». Y llega el nudo gordiano del asunto: «Cuando la Ley de la Dependencia me dio a elegir una opción desestimé la ayuda económica para elegir una residencia digna para él cerca de su familia, ya que por su situación tan complicada es inviable que esté en casa. Tras cinco años de espera llegó la plaza de residencia pero me comunican que tengo que trasladarlo a Almería o a Granada, ya que en Málaga la Junta de Andalucía no dispone de residencias para personas con gran dependencia», señala Mónica Mora. «Como he rechazado la plaza, porque no quiero que nos separen a mi marido, a mí y a mis hijos; me dicen que ya no puede estar en el hospital. Y la única opción que me queda es buscar una clínica privada. La más barata que he encontrado supone un gasto de 1.900 euros al mes, con medicación y pruebas aparte. Mi familia no puede asumir ese coste». Y concluye: «Así está la sanidad: sin ninguna residencia pública ni concertada para grandes dependientes en Málaga».

«Sólo pido a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Salud de Andalucía, que busquen una solución para que no tengan que alejar a mi marido y al padre de mis hijos. En Málaga tiene que haber plazas para grandes dependientes. Como yo, habrá más personas esperando plaza, sin que eso implique tener que alejarnos de nuestros seres queridos», denuncia Mora, que dirige la carta al consejero de Salud, Aquilino Alonso y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

«Mi marido necesita una plaza en un hospital en Málaga, que pueda tratar a los grandes dependientes», señala. Un accidente de moto, en febrero de 2011, dejó a Benjamín Martín, con 30 años, en coma vegetativo. Desde entonces, ha permanecido ingresado en varios centros hospitalarios. Hace cuatro años y medio que está en el Doctor Pascual de Málaga. La familia solicitó que fuese ingresado en una residencia asistencial a través de la Ley de la Dependencia pero el centro asignado está en Almería. «El tiempo que le quede de vida deseamos estar a su lado», señala. Según la Delegación Provincial de Igualdad y Políticas Sociales, se ha ofrecido una plaza en un centro de Almería porque es el que tiene mejores recursos para sus necesidades. Debido al rechazo, la Delegación de Igualdad planteará otras alternativas contempladas en la Ley de la Dependencia.

Recientemente, el Consejo de Gobierno presentó el proyecto de ley de Servicios Sociales de Andalucía. Una iniciativa que se contradice a sí misma. Un artículo distingue entre unas prestaciones garantizadas, «aquellas cuyo reconocimiento tiene el carácter de derecho subjetivo, son exigibles y su provisión es obligatoria», y otras condicionadas, que son aquellas que «están sujetas a la disponibilidad de recursos y al orden de prelación que se establezca». En resumen, y pese al boato de la presentación de una norma que garantice el derecho ciudadano a los Servicios Sociales, como anteriormente se «blindó» la Sanidad, existe una letra pequeña: se hará «de acuerdo con la asignación de recursos, la situación económica y el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria».

Tras su presentación posterior al Consejo de Gobierno, estos aspectos se obviaron. Se trata de un proyecto arrastrado de pasadas legislaturas, como la mayor parte de los logros que esgrimió Susana Díaz en el pasado debate sobre el estado de la comunidad. Los colectivos sociales denuncian que la reforma de una ley vigente desde 1988 para blindar unas prestaciones garantizadas finalmente estén supeditadas a la capacidad presupuestaria de la Administración. La Junta alude a la exigencia de atenerse a la estabilidad presupuestaria obligatoria desde la reforma del artículo 135 de la Constitución.