Tres fundaciones de la Junta se saltaron la autorización de Hacienda para contratar

La Cámara de Cuentas advierte de que, en el ejercicio 2013, la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla, la Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental, Alejandro Otero y la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud no cumplieron con la exigencia de contar con autorización para la contratación de personal.

La Cámara de Cuentas advierte de que, en el ejercicio 2013, la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (Fisevi), la Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental, Alejandro Otero (Fibao) y la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (Fimabis) no cumplieron con la exigencia de contar con una autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para la contratación de personal con carácter fijo, indefinido o temporal. En una de ellas, en concreto en Fisevi, al analizar 37 de las 245 contrataciones producidas, en 25 de ellas no se apreció «una selección de personal acreditada». Aparte, las tres fundaciones, generalmente, presentan un «uso indebido de los contratos por obra y servicio».

En el caso concreto de Fisevi y Fimabis, se especifica que se utilizó «indebidamente» el contrato de obras y servicios, al corresponderse éste con la realización de un proyecto específico de investigación, mientras que las tareas indicadas son las ordinarias de administración de la fundación. «Estos hechos podrían tener como consecuencia, entre otras, la de que este personal adquiriera la condición de indefinido, con posterioridad a un proceso judicial», subraya la Cámara de Cuentas. El ente fiscalizador apunta que las tres fundaciones no aplicaron las normas dictadas en 2012 por el Consejo de Gobierno y la Secretaría General para la Administración Pública de la Junta para cumplir con los compromisos adquiridos por la comunidad en materia de reducción del déficit público. En un informe anterior, el órgano fiscalizador ya señaló que la paga extra de 2012 no fue eliminada en Fisevi, Fimabis y Fibao, adscritas a Salud. En 2014, la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Hacienda emitió un informe que concluía que el personal investigador y personal técnico de apoyo y de gestión de proyectos estaba excepcionado de la medida de reducción de jornada de trabajo con efectos en las retribuciones «por constituir un ámbito excluido y al que resulta inaplicable en virtud de la normativa básica estatal». Las tres fundaciones han iniciado y ejecutado expedientes de reintegro durante el ejercicio 2015 sólo al personal de estructura.

Fibao «no recibe financiación estructural procedente del Presupuesto de la Junta». Sus recursos provienen de la facturación de servicios, convenios de colaboración, donaciones y ensayos clínicos por una parte, y de ayudas concedidas en régimen de concurrencia competitiva por entidades públicas y privadas de ámbito local, autonómico, estatal o internacional, recoge la Cámara de Cuentas. Según la Cuenta General de la Comunidad, en 2015 Fibao destinó a gastos de personal más de 4,2 millones y en 2014, cerca de 4,1 millones. El gasto en salarios fue de 3,3 y 3,2 millones, respectivamente, en los citados años. Fibao cuenta con el personal denominado como personal de estructura, y con los investigadores, becarios y personal técnico que son contratados por la Fundación para la ejecución de los proyectos de investigación y para la realización de ensayos clínicos. Según las cuentas anuales de Fibao, su número medio de empleados en 2015 fue de 119. El ente fiscalizador señala que «no se ha cumplido en las contrataciones de personal realizadas durante el ejercicio 2013» la autorización de la Consejería de Hacienda que establece la ley del Presupuesto, algo que también ocurre con Fimabis y Fisevi. Tampoco se aplicaron «las medidas dirigidas a cumplir con los compromisos adquiridos por la comunidad en materia de reducción del déficit público» en 2013. Fibao tampoco tiene «elaborado el Plan de Igualdad de Género requerido». La Cámara también señala que Fibao «debería formalizar y valorar la cesión de uso de los espacios utilizados en las instalaciones propiedad del SAS donde desarrolla su actividad para su registro contable».

La Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (Fimabis) tiene como objeto principal «el desarrollo armónico de la investigación básica, clínica y de salud pública promoviendo, desarrollando y divulgando la investigación científica en el área biomédica, biosanitaria y biotecnológica». Fimabis tampoco recibe financiación estructural de los Presupuestos de la Junta.

La Cámara de Cuentas refleja que Fimabis «no tiene establecido un sistema de control de tiempos y de presencia de los trabajadores en cada uno de los centros de trabajo» y que «la información contenida en el Inventario es insuficiente para adecuada localización de los bienes». «En la contratación de personal de estructura se ha utilizado indebidamente el contrato de obras y servicios», indica el ente fiscalizador, advirtiendo de que «estos hechos podrían tener como consecuencia, entre otras, la de que este personal adquiriera la condición de indefinido, con posterioridad a un proceso judicial». Fimabis «utiliza empresas de trabajo temporal para la contratación de personal» eludiendo «la necesaria autorización de la Conseje-ría». En base al informe sobre el personal investigador de las fundaciones, Fimabis también «ha iniciado y ejecutado expedientes de reintegro durante 2015 referidos sólo al personal de estructura». En 2013, el 37,5% de los contratos fue a través de empresas de trabajo temporal.

Esta fundación tampoco dispone de un Plan de Igualdad de Género en los 191 trabajadores de su plantilla según la Cuenta General. Fimabis no incluyó en la cuenta general «el coste real del personal», al no incluir las retribuciones de todos los trabajadores, con un desfase que se supera los 0,9 millones y elevaría el gasto de personal por encima de los 5,6 millones.

La Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud en Sevilla (Fisevi), con similar financiación que las anteriores, sí recibe «ayudas sin concurrencia competitiva» en base a convenios con la Consejería de Innovación, de Salud, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Sevilla. Tampoco controla la presencia de los trabajadores en los centros ni cumplió con la norma de contratación de las fundaciones de la Consejería ni con la norma de reducción de déficit de 2013. Como las otras fundaciones fiscalizadas por la Cámara de Cuentas, ha tenido que ejecutar expedientes de reintegro en 2015 al personal de estructura. Los servicios de limpieza, mantenimiento y seguridad , así como algunos de suministros y servicios, señala el ente público, «eran susceptibles de ser realizados mediante un procedimiento de contratación y no se hizo en base a la Ley de Contratos del Sector Público». En Personal tenía pendiente de pago casi 165.000 euros en 2015 a sus 386 trabajadores, según la Cuenta General y el gasto en personal se elevó a 11,7 millones, 9 de ellos en salarios. En 2014, fueron 10,7 millones en recursos humanos.