Un amplio «portillo de entrada»

La juez Mercedes Alaya en un reciente auto señala al ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas como «portillo de entrada de la concesión irregular de las subvenciones, de este dispendio presuntamente generalizado y descontrolado que se ha producido desde la Administración autonómica».

La juez Mercedes Alaya en un reciente auto señala al ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas como «portillo de entrada de la concesión irregular de las subvenciones, de este dispendio presuntamente generalizado y descontrolado que se ha producido desde la Administración autonómica». Rivas, imputado en la causa –y condenado a 21 meses de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 600.000 euros por un delito de cohecho derivado de la petición de comisiones ilegales descubierta en Mercasevilla– era uno de los contactos dentro de la Administración regional que servían para acceder a las ayudas opacas de la partida 31.L, bautizada como «fondo de reptiles» por el ex director general de Empleo encarcelado Francisco Javier Guerrero.

La partida que investiga el juzgado de Instrucción 6 se distribuía de forma opaca, sin publicidad y libre concurrencia. Alcanzó los 1.217 millones de euros entre 2001 y 2010 según la Cámara de Cuentas. Para la instructora, el objetivo del Gobierno andaluz era «institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de ayudas públicas».

Con esas premisas, sólo los cercanos a la Administración y al PSOE –partido que ha gobernado siempre en la comunidad– podían acceder a las ayudas que luego repartía de manera discrecional Guerrero. Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico y que consta en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, los sindicatos UGT y CC OO y el ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías derivaron conflictos a la Consejería de Empleo y utilizaron su intermediación privilegiada.

En el caso de UGT, consta una petición dirigida a su secretario general Manuel Pastrana por parte de la alcaldesa de Martos (Jaén) Sofía Nieto Villargordo. En 2008, surgió un conflicto laboral con la empresa Valeo, que derivó en un posterior ERE. En el fax se puede leer: «Estimado Manuel: Tras la conversación mantenida en la jornada de ayer contigo y con Pedro Martín, adjunto te remito la documentación que me solicitabas». Petición que fue debidamente trasladada a la Junta de Andalucía. En el mismo consta la frase manuscrita «¿Qué podríamos hacer?».

No es el único ejemplo. Durante las negociaciones para formalizar el ERE de la empresa Altadis, también aparece el nombre de Francisco Carbonero, secretario general de CC OO-A. Es otro miembro de la central, Antonio Perianes, el que esgrime su nombre cuando considera que las negociaciones abiertas con Francisco Javier Guerrero no van por buen camino. En el correo electrónico, tira por elevación tras mostrar su descontento con algunas gestiones del ex director general y apunta: «Siento decirte que no voy a esperar más tiempo. Cada vez estoy más convencido que este problema no puedes resolverlo tú solo...». Añade: «Voy a esperar a mañana que tengo una reunión con Paco Carbonero y si aún sigue sin resolverse este problema voy a pedirle que concierte un encuentro con Antonio Fernández donde pueda exponerle la situación...».

El tercero de los ejemplos en los que se recurre a un puesto de relevancia para desbloquear un conflicto atañe al ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías. En este caso, el problema viene de Jaén y afecta a los trabajadores de Primayor. El comité de empresa –que contaba con el asesoramiento de Juan Lanzas, actualmente en prisión–, dirige una carta a Guerrero y, entre otras cuestiones, le expone que, tras una reunión con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén Francisco Reyes Martínez –actual presidente de la Diputación–, éste le expone que el cobro de las nóminas «estaría resuelto con La Caixa, que el consejero de Presidencia le dijo al Consejero de Empleo que lo resolviera igual que la última vez, y que este a su vez lo llamó a VD para que se quedara resuelto urgentemente».

Todas las empresas implicadas –Valeo, Altadis y Primayor– acabaron recibiendo ayudas del «fondo de reptiles».