Un ex directivo de Vitalia recurre su procesamiento por las ayudas a Acyco

Fuentes del caso auguran que lo que suceda en esta pieza «marcará» el futuro del resto.

A veces se hace sabiendo que intentarán deshacerte. El juez Álvaro Martín firmó el pasado 26 de septiembre el auto de transformación en procedimiento abreviado de la segunda pieza en la que se segmentó el «macrocaso» de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, la centrada en el dinero que la Junta concedió a la sociedad de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco), cuya instrucción ya se ha dado por cerrada. Uno de los doce procesados a través de esa resolución, el ex directivo de Vitalia Antonio José Albarracín, sobre el que pesa en concreto un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, ha presentado un recurso de reforma contra la resolución del magistrado en el que solicita que se deje sin efecto en lo que respecta a él.

De acuerdo a lo instruido, Acyco inició en 2003 un proceso para extinguir 35 puestos de trabajo y el pago de las prejubilaciones se articuló mediante póliza de renta colectiva, en cuya contratación intervino Vitalia como mediadora. Para pagarlas se contó con recursos de la Consejería de Empleo de la Junta, con la que la entidad suscribió aquel año un acuerdo de colaboración. Tras varios pasos intermedios, al final fueron 37 los supuestos ex trabajadores que formaron parte de aquella póliza, entre ellos tres presuntos «intrusos» –incluidos entre los beneficiarios, pese a no haber trabajado nunca en la empresa– y el importe total del gasto realizado por Vitalia osciló entre los 2.951.413,84 euros pactados de inicio, a los 3.270.309,18 fijados finalmente. A ello se suma que en 2010 se asignó a Acyco una ayuda excepcional de 109.620 euros para, en teoría, mantener 144 empleos, aunque «en tales fechas la empresa no alcanzaba ese número de trabajadores, llegando tan sólo a 107», según recordó Martín, para quien, el propósito «real» del dinero fue «atender los costes asociados» al ERE y «los gastos derivados de éste», entre los que se contaba su «asesoramiento técnico», en alusión a facturas pendientes con un despacho de abogados.

En ese contexto, Martín incluye a Albarracín en el listado de personas cuya actuación permitió que «se dispusiese» de fondos públicos con un destino «ajeno a sus fines» y le atribuye el ser «director comercial de Vitalia», la compañía que «se empleó para articular la inclusión de ‘intrusos’», entre otras cuestiones. Ahora, el señalado, niega en su recurso de ocho páginas, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, conocer o haber mantenido contacto con alguno de ellos, así como haber sido el director comercial de Vitalia. Afirma en el escrito que era «jefe de consultores», figuraba en nómina «como abogado» y no estuvo presente ni negoció «para tratar sobre las prejubilaciones de Acyco».«No ha participado de ninguna reunión, no solicitó los cálculos actuariales y, por supuesto, no conocía la inclusión de los llamados ‘intrusos’», se señala en el recurso armado por su representación procesal.

Albarracín dispara en distintas direcciones y sostiene que «era la dirección de Vitalia en Barcelona el órgano encargado de dar el método de trabajo, las instrucciones y requisitos» para la suscripción de las pólizas de la que se «ocupaba materialmente el personal de la oficina de Sevilla», de la que no formaba parte, al hacerlo, dice, de la de Madrid. Apunta al fugado Eduardo Pascual y a María Vaqué, ambos encausados.

En esta pieza de Acyco han sido investigados seis ex altos cargos del Gobierno andaluz, que también lo están además en la primera pieza, la política que gira en torno al denominado «procedimiento específico» por el que se concedían las ayudas. Se trata del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero de ese departamento Agustín Barberá, los ex directores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez Contreras o Daniel Alberto Rivera; y el ex director general de la agencia IDEA –ente que hizo de caja pagadora– Miguel Ángel Serrano Aguilar.

De hecho, se prevé que el recurso de Albarracín, que puede ser desestimado y acabar convertido luego en otro de apelación, no sea el único que llegue al juzgado. Fuentes judiciales admiten que las partes implicadas en el «macroproceso» de los ERE tienen los ojos puestos sobre lo que ocurra en el bloque de Acyco, dado que, auguran, «será la primera» centrada en una empresa que se juzgue, es decir, la primera que derive en juicio y que cuente con una sentencia. «Lo que pase con ella marcará lo que suceda con el resto de las piezas, como sucedió por ejemplo en el ‘caso Malaya’, por eso hay que estar atentos», admiten las fuentes consultadas.