Un ex director de Trabajo cree que el sistema de los ERE se pudo parar antes de su llegada

El letrado de Márquez sostiene que «lo poco o lo mucho» que se hizo para corregir las irregulares lo hizo su cliente

Una defensa solicita que se imponga a la acusación del PP-A el pago de las costas del juicio

La defensa del ex director general de Trabajo Juan Márquez criticó ayer en el juicio de la pieza política del «caso ERE» que se le acuse de no paralizar cuando llegó en 2008 un sistema de ayudas que llevaba ocho años usándose cuando muchos que supieron de las irregularidades detectadas en ese tiempo por la Intervención no lo hicieron. El abogado Manuel Pérez Cuajares inició su informe final en defensa de Márquez, que se enfrenta –como su antecesor Javier Guerrero– a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Para el letrado, «lo poco o mucho que se hizo» para corregir las irregularidades señaladas por la Intervención «lo hizo el señor Márquez», quien llegó a la Dirección General de Trabajo en el año 2008, por lo que «es importante resaltar qué se supo y qué se hizo y pudo hacer» antes de su llegada al cargo. En este sentido, destacó que su cliente no estaba en el cargo cuando la Intervención puso reparos en 2000 a las ayudas a la cárnica jiennense Hijos de Andrés Molina (Hamsa), lo que según las acusaciones llevó a idear un sistema para pagar ayudas a empresas y ex trabajadores eludiendo la fiscalización previa de la Intervención a través de la agencia pública IFA/IDEA.

Tampoco cuando se firmó el convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA para instaurar el llamado procedimiento específico», ni cuando en 2003 la Intervención de IDEA analizó una veintena de expedientes y en un informe adicional remitido en 2005 a las consejerías de Empleo, Innovación y Hacienda señaló que la Dirección de Trabajo estaba concediendo las ayudas «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido». Aunque subrayó que la Intervención nunca vio menoscabo de fondos públicos sino irregularidades administrativas, a lo que añadió que «cinco años antes de que mi defendido llegara» los interventores pudieron paralizar el sistema de ayudas de los ERE «si realmente veían ilegalidad».

Igualmente quienes recibieron esos informes «nada hicieron» por lo que, según el abogado de Márquez, «no vale que vengan aquí distintos cargos de distintas consejerías a la de Empleo a decir que si hubo alguna responsabilidad fue en la Dirección General de Trabajo». De hecho, puso en valor que fue su defendido quien encargó en 2009 un informe al bufete Garrigues e implantó los cambios que éste señalaba.

No obstante, cuestionó ejes de las tesis acusatorias como que las ayudas debían concederse según la Ley de Subvenciones o la ilegalidad del uso de transferencias de financiación a IDEA para ese fin, pues «auténticos expertos jurídicos no se ponen de acuerdo» y en los Presupuestos aparecían año a año fondos transferidos de Empleo a la agencia público con ese destino, por tanto era conocido y según declararon incluso interventores de la Consejería de Empleo, debían destinarse a lo que indicaban los Presupuestos.

De otro lado, la defensa de la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina solicitó que el tribunal que juzga a 21 ex altos cargos de la Junta imponga el pago de las costas del juicio de los ERE a la acusación popular que ejerce el PP andaluz por mantener una «acusación injusta» y el «injustificable daño causado».

Así lo demandó en su informe final el letrado Manuel Salinero, que representa a Medina, acusada de prevaricación y malversación y para la que el fiscal pide seis años de prisión y el PP-A ocho, una acusación ante la que, según su defensa, «no basta con la absolución».