Un funcionario ratifica ante Alaya el descontrol en los cursos de formación

Teodoro Montes, antiguo responsable de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía, ha declarado hoy durante cinco horas ante la juez Mercedes Alaya y ha ratificado el “descontrol” que había en la supervisión de los cursos de formación, un departamento que pasó de tener más de 30 personas a él solo.

Montes, que en el 2013 denunció ante la Guardia Civil las “graves irregularidades” en los fondos de formación y la ausencia de inspección y de control económico de las facturas justificativas, ha respondido como testigo hasta ahora solo a las preguntas de la juez.

El interrogatorio a Montes, que ha entrado y salido de los juzgados por la puerta trasera ocultando el rostro, se reanudará el próximo martes y es previsible que se prolongue varios días más, según fuentes judiciales.

Además, Alaya ha aplazado la otra declaración que tenía prevista el jueves 16 de octubre del imputado Antonio Fernández, exconsejero de Empleo y también acusado en el caso de los ERE.

El funcionario que ha declarado hoy ha reiterado que el departamento para supervisar los miles de cursos de formación que se impartían en la provincia de Sevilla lo componían más de treinta personas, un número que consideró reducido para esa labor.

Ha subrayado que la situación se agravó porque en la primavera del 2013 se quedó él solo y sin ordenador en ese departamento, que en enero del 2014 volvió a aumentarse con más funcionarios en un número que no ha precisado.

Como ejemplo del descontrol en el departamento de formación, Montes ha dicho que aún hay más de 60.000 certificados de profesionalidad pendientes de emitir.

La juez le ha preguntado quiénes eran sus superiores en la Delegación de Sevilla de la Consejería de Empleo, y el testigo ha precisado que eran su jefe de servicio y los dos delegados que ha tenido, Antonio Rivas y su sucesora, Aurora Cosano.

Preguntado de dónde venían las órdenes que recibía, el testigo ha dicho que “de arriba” aunque no ha ofrecido más precisión, y ante la Guardia Civil dijo que los responsables de la situación en los cursos de formación eran todos sus superiores “sin excepción”, según fuentes judiciales.

En la declaración de hoy han estado presentes el abogado de la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, los defensores de los exconsejeros del gobierno andaluz Ángel Ojeda y Antonio Fernández, que son los únicos imputados hasta ahora por Alaya en la causa, y la Fiscalía Anticorrupción.

Fuentes del caso han señalado que lo que ha declarado hasta ahora Montes supone un testimonio “magnífico” para mantener las tesis de la acusación.

La juez ha citado al funcionario, que ganó una sentencia a la Junta por acoso laboral, para que ratifique sus declaraciones ante la Guardia Civil en la que avisaba de las irregularidades en los cursos de formación.

En esos testimonios, Montes afirmó que existían “graves irregularidades” en las fases de adjudicación, gestión, control y justificación de los fondos de formación.

También añadía que el dinero, procedente en un 80 % de fondos europeos, servía para financiar de manera encubierta a agentes sociales y para enriquecer ilegalmente a personas relacionadas con los cursos formativos.