Un sindicato amenaza con llevar al juzgado a los directores que no amplíen Religión

Los directores de los colegios públicos de Andalucía tienen tres días de plazo (10 de junio) para comunicar a la Dirección general de Planificación la carga lectiva que otorgan individualmente al área de Religión en Primaria. La tensión entre el colectivo de profesores afectados y los equipos directivos ha ido en aumento, como consecuencia de la decisión adoptada por la Consejería de Educación de responsabilizarlos del futuro laboral de más de 2.000 personas. La situación generada con la polémica aplicación de la Lomce por la Junta ha terminado por enfrentar y dividir a los profesionales de la enseñanza. Hasta el punto que uno de los sindicatos mayoritarios del profesorado de Religión, Apprece, ha remitido una carta a los directores de los centros públicos en los que advierte de que llevará a los tribunales de justicia a aquellos que no respeten la actual carga lectiva de 90 minutos en curso 2015-16. Algo que ha sido visto como una amenaza en toda regla.

Si CSIF, el sindicato mayoritario con 20 de 41 delegados, invitaba a los profesores de Religión como último recurso a apelar al compañerismo y a la fibra sensible de sus superiores en el colegios –si la asignatura se limita a 45 minutos o sobran la mitad de maestros o sus sueldos se verán reducidos–, desde Apprece se propone que el profesorado de Primaria «deje de moverse por sentimentalismos y pase a fundamentar legalmente sus reivindicaciones para asegurar su presente y su futuro».

El sindicato mantiene que existe toda una «batería de argumentos legales para apoyar a los equipos directivos que van a ampliar los horarios» y a los directores que piensen mantener 45 minutos semanales comunica «como aviso» que «se pueden ver obligados a justificar sus decisiones ante un juez». Es lo que denominan una «primera reclamación previa ». Así, entienden que dejan «preparado el terreno para interponer ante la Justicia la demanda».

El argumentario se apoya en 16 puntos en los que se exponen motivos «más que sobrados» para llevar la polémica a los tribunales, pues «están en juego los derechos del alumnado, de los padres y del profesorado». A juicio de Apprece, los directores pueden incurrir en «abuso de poder» si niegan derechos o someten a votación de un claustro asuntos que no son propios del mismo, porque «no son competentes para decidir en lo que son derechos de los demás, porque tienen que ser neutrales en lo referente a la enseñanza de la Religión, porque no pueden discriminar por razones de Religión, porque no estarían respetando la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley de Educación de Andalucía, el Estatuto de los Trabajadores...».

Apprece se muestra de acuerdo con la decisión de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria (Asadipre) que ha pedido a la Consejería que sea ella la que tome la decisión sobre la carga horaria y deja abierta la puerta a que, en ciertos colegios, «por razones pedagógicas serias», se tenga que recortar el horario de Religión, pero «siempre serán excepciones».