Un testaferro de los ERE facturó cien toneladas de pintura a Mercasevilla

Una nueva vuelta de tuerca al caso de las empresas pantalla de los ERE fraudulentos. La dirección de Mercasevilla elevará al juzgado un total de cinco facturas cargadas al mercado central por Juan Francisco Algarín Lamela, al que la juez sustituta de Mercedes Alaya, Ana Rosa Curra, envió el pasado día 15 a prisión provisional, comunicada y sin fianza, tras reconocer que había llevado sobres con dinero desde Mercasevilla hasta una cafetería en los bajos de la Delegación de Empleo. Según documenta la dirección de la empresa, Algarín facturó más de 300.000 euros en concepto de suministros de pintura, aunque el material nunca llegó a la lonja. Por tanto, según el delegado municipal de Economía y presidente de la empresa, Gregorio Serrano, se trataría de «facturas falsas» con cargo a la lonja.

Según una investigación interna realizada en la contabilidad de la compañía, el presunto testaferro de Juan Lanzas –ex dirigente de UGT y «conseguidor» de los ERE– facturó a Mercasevilla cerca de 100.000 kilos de pintura y otros materiales «sin que figuren albaranes de entrega ni ningún otro documento». Serrano equiparó la carga con la capacidad de «cuatro trailers», por lo que denunció que «el expolio en la empresa parece que no ha concluido».

Las facturas –cinco, fechadas en 2004 y otra, en 2005– están a nombre de Algarín y en ellas figura también su DNI. No aparece ninguna empresa pantalla utilizada para dar visos de legalidad al dinero defraudado. Debajo sí figura la rúbrica del ex gerente de la empresa, Fernando Mellet, condenado a pagar 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación como autor de un delito de cohecho por la petición de una comisión ilegal a los empresarios de La Raza.

La juez acordó el ingreso de Algarín en Sevilla I tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción. Le imputa cinco delitos: cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales. Tras su detención el pasado día 14, declaró ante la Guardia Civil que el dinero que entregaba en sobres se lo daban en Mercasevilla el ex subdirector de la lonja Daniel Ponce y la ex directora de Proyectos María Regla Pereira. También aseguró que era Lanzas quien le mandaba hacer de correo del dinero, por lo que el testaferro firmó dos talonarios en blanco para Lanzas y numerosas facturas que le pasaba el otro supuesto testaferro: Eduardo Leal.

Detalló, asimismo, que a veces el dinero lo llevaba en fundas de ordenadores portátiles con billetes de 500 y 200 euros. En una ocasión fue incluso a Madrid para entregarle dinero a Antonio Albarracín, también imputado y ex director comercial de la mediadora Vitalia.

Tras la declaración, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de detenidos, el de Instrucción número 4, que le tomó declaración. Posteriormente compareció ante la juez sustituta del Juzgado de Instrucción número 6, que fue quien dictó el auto de prisión sin fianza. La declaración, y la pista del dinero, va en la línea de lo que apuntó ante la juez Mercedes Alaya Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer del ex director general Francisco Javier Guerrero. Trujillo aseguró que fue al menos en dos ocasiones a Madrid para recoger de Antonio Albarracín sobres «con billetes grandes».

Para la introducción y lavado del dinero de las sobrecomisiones en el «circuito financiero» –así se expresaba la Unidad Central Operativa (UCO) en un oficio del 21 de septiembre– cumplían un papel fundamental tres empresas pantalla dedicadas a la mensajería, Estudios Agenciales S.L., Distri-pack Transporte Urgente S.L. y Atrado Mensajería, presuntamen- te utilizadas por el «conseguidor» Juan Lanzas, el gabinete Estudios Jurídicos Villasís –donde también trabajó Lanzas– y la mediadora Vitalia. El detenido es administra- dor solidario de Distripack Trans-porte Urgente S.L. Según el oficio de la UCO, el detenido habría cobrado 362.500 euros a través de 12 cheques entre 2004 y 2007. Algarín tiene 48 años y estaba en un centro de acogida, llevando a cabo un proceso de rehabilitación.

El otro presunto testaferro es Eduardo Leal del Real. La información que maneja la Guardia Civil apunta a que habría cobrado 47 cheques que rondarían los 1,5 millones de euros entre 2003 y 2007.

En este panorama, el PP denunció recientemente que las dos principales intermediadoras cobraron más de 34 millones de euros a la Junta en comisiones de los ERE en sólo cinco años.