Una aseguradora informa sobre altas comisiones en otras administraciones

Las defensas siguen erosionando el trabajo de la anterior instructora en el caso de los ERE, Mercedes Alaya. En este caso, el ataque se centra en la pieza de las sobrecomisiones, el dinero que habría pagado de más la Junta de Andalucía para formalizar determinadas pólizas de prejubilaciones y del que presumiblemente se beneficiaron determinados intermediarios. La compañía Generali España de Seguros y Reaseguros, una de las principales, ha elevado un informe a la jueza María Núñez Bolaños, que comanda la instrucción, en el que certifica haber suscrito hasta 520 pólizas de rentas de prejubilación donde se han pagado comisiones del mediador iguales o superiores al cinco por ciento.

La magistrada reclamó a esta empresa una relación de rentas de prejubilación en cualquier zona o territorio de España distinto de Andalucía en cuya financiación hubiera participado alguna administración pública. Igualmente reclamó otro listado de pólizas abonadas, en este caso, por empresas sin participación pública. El objetivo era conocer las comisiones abonadas al mediador con importes superiores al 5 por ciento del coste total de la prima.

Esta petición se sustentaba en un motivo. La Dirección General de Seguros detectó en los ERE financiados por la Junta de Andalucía el pago de un exceso de 66.155.573 euros en comisiones. El estudio señalaba que esta desviación se produjo al abonar cantidades por encima de la media de mercado, que estaba situada en el 2 por ciento en el periodo analizado, según los informes anuales de este centro directivo. De hecho, Núñez Bolaños ha reclamado a los peritos de la Dirección General de Seguros para que amplíen el informe «aportando y concretando la totalidad de las actuaciones en virtud de las cuales han concluido que es el dos por ciento la comisión de referencia».

El informe de Generali –también se le ha reclamado a otras aseguradoras– distorsiona este aspecto. Entre las administraciones que abonaron este tipo de pólizas figuran la Junta de Castilla y León, la Generalitat valenciana, la Junta de Castilla y la Mancha, el Ministerio de Trabajo, la Xunta de Galicia, la Generalitat catalana, o el Fogasa.

Hay comisiones que superan el 11 por ciento en pólizas contratadas por la Junta de Castilla y León. En el sector privado –sin financiación pública– también se elevan por encima del 10 por ciento. Incluso hay un caso muy llamativo que alcanza el 40,38 por ciento.

Con este nuevo estudio, las defensas de los encausados pretenden demostrar que las comisiones abonadas por la Junta de Andalucía eran habituales en el sector y que no hubo ninguna directriz para «inflar» los porcentajes.