Una auditoría alerta del «desequilibrio» financiero de las agencias de la Junta

La Cámara de Cuentas desvela que no cumplen «de forma razonable» la conciliación de saldos

El mismo día que arrancaron las negociaciones para formalizar un cambio de Gobierno histórico en la Junta de Andalucía, la Cámara de Cuentas emitió un informe de fiscalización que pone el acento en la difícil situación financiera de las agencias públicas que dependen del Ejecutivo autonómico. Las críticas en torno a la administración paralela de la Junta constituyen un denominador común que une al Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Los informes avalan esa inquietud.

La Cámara de Cuentas ha fiscalizado la conciliación de saldos pendientes de cobro entre la Junta y la Agencia Andaluza del Conocimiento; la de Cooperación Internacional para el Desarrollo; la Agencia Andaluza de la Energía; la de Medio Ambiente y Agua; la de Obra Pública; la de Servicios Sociales y Dependencia; la de Vivienda y Rehabilitación; y la de Innovación y Desarrollo de Andalucía. En total, ocho entes públicos que cuentan con un importe pendiente de cobro de la Junta que asciende a 863,33 millones de euros, de los que 266,46 millones corresponden a deudas con más de dos años y 32,26 millones a deudas con más de cinco años. Con todo, el problema, según detalla el informe, es que existen «saldos no confirmados que deberían ser oportunamente depurados, de acuerdo con la normativa contable aplicable, bien por no haber sido confirmados por las consejerías u otros centros gestores (o, incluso, no remitidos para su confirmación por las respectivas agencias), bien por no estar soportados por el adecuado documento contable de reconocimiento de obligación o de compromiso de gasto».

En consecuencia, «los potenciales ajustes en los derechos pendientes de cobro» ascienden a 380 millones, el 44 por ciento de los derechos de cobro del conjunto de las agencias fiscalizadas.

A su vez, de esos 380 millones, 236 no han sido confirmados y 144 «no disponen de soporte presupuestario ni se considera que cumplen los requisitos que marca la instrucción quinta de la Instrucción».

La conclusión del ente fiscalizador es que «estos ajustes tendrían un efecto significativo sobre las cuentas rendidas por las respectivas agencias, y pondrían de manifiesto una situación financiera desequilibrada o bien el agravamiento de dicha situación en, al menos, tres de ellas» –la Agencia de Obra Pública, la de Servicios Sociales y Dependencia y la Agencia IDEA–.

«En general, las agencias fiscalizadas –con la excepción de la de la Energía– no están dando adecuado cumplimiento a la Norma de Valoración nº 19 del Plan General de Contabilidad aplicable a estas entidades (Resolución de 2 de octubre de 2009 de la IGJA), que requiere detallar las circunstancias que afectan a los derechos pendientes de cobro registrados. Además, no se cumplen los requisitos que se derivan de la instrucciones tercera, cuarta y quinta de la Instrucción 11/2015, de 10 de diciembre, de la IGJA. Todo ello, dificulta una adecuada y completa comprensión de las cuentas anuales en su conjunto», apuntan.

Como aspecto positivo, la Cámara de Cuentas recoge que tanto los importes de derechos pendientes de cobro como lo proporción de estos que carecen de soporte presupuestario «se han reducido respecto a ejercicios anteriores», ya que a la finalización de 2014 estos eran de 1.500 millones y 779 millones de euros respectivamente.

Entre las recomendaciones que hacen los auditores, piden a la Junta de Andalucía que se dote a las Agencias públicas Empresariales «de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de sus actividades» para su «equilibrio» y que éstas sólo desarrollen «aquellas actividades que cuenten con financiación adecuada y suficiente».

Críticas a las auditorías privadas

El trabajo de la Cámara de Cuentas también esconde un reproche para las auditorías privadas que se han realizado a estos entes públicos. En concreto, el informe señala que «los informes de auditoría evacuados por profesionales independientes no han tenido en cuenta todos los preceptos que afectan a los derechos pendientes de cobro de la Junta de Andalucía, a los efectos de expresar su opinión sobre las cuentas anuales: Plan General de Contabilidad

aplicable a las Agencias públicas empresariales e Instrucción nº 11/2015 de la Intervención

General. En consecuencia, se producen discrepancias significativas con los resultados del presente informe». Por ese motivo, pide a la Intervención General de la Junta de Andalucía «más rigor» en la comprobación del trabajo de estos auditores externos.