Una «solución contable» que ha costado 131 millones de euros

La juez considera que «para aparentar un adecuado equilibrio presupuestario» la Junta de Andalucía «simuló» gastos. El ex secretario general de Hacienda entre 2000 y 2004 Antonio Estepa –uno de los 20 altos y ex altos cargos implicados en la trama–, durante tres horas de declaración, defendió que no se trataba de «una simulación» sino de una «solución contable».

Alaya acusó al ex alto cargo de la Junta de haber participado en el «uso arbitrario de fondos públicos», causando un déficit de 131 millones. La juez cree que Estepa «fue uno de los impulsores de la política presupuestaria» de la Junta y tuvo «una activa participación en la instauración del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se implantaría en la Junta desde el año 2000 y que perduraría hasta 2011».

El imputado admitió que una fiscalización habría impedido el pufo, «porque con la Ley de Subvenciones y las pautas legalmente establecidas se hubiese evitado». Estepa, que señaló que fue nombrado por la también imputada Magdalena Álvarez, está encartado por prevaricación y malversación. La Fiscalía Anticorrupción no pidió medidas cautelares «atendiendo al estado actual de la instrucción». Por contra, otros ex altos cargos como el ex director de Presupuestos Antonio Lozano cuentan con fianzas de responsabilidad civil de hasta 46 millones.

Estepa negó que la ex consejera de Hacienda y el ex viceconsejero José Salgueiro conociesen las irregularidades, el «posible menoscabo de fondos públicos» o «el contenido básico de los programas» que se pagaban. La magistrada considera que mediante las llamadas transferencias de financiación «al margen de la Ley» se eludía el control previo de la Intervención general. Este procedimiento motivó que la Junta hiciera «un uso ilícito de fondos públicos», otorgando subvenciones «con absoluta discrecionalidad» e «incumpliendo los más elementales principios consagrados en el Estatuto de imparcialidad, transparencia y no discriminación». «Se podría afirmar que el uso que le dio Empleo a estos fondos públicos no era su responsabilidad, pero para llegar a instaurar este procedimiento y disponer de gasto público el paso previo era lograr» las transferencias y ahí se «incardina la participación» de Estepa.

El imputado negó que el Gobierno andaluz tratara de conceder ayudas sin procedimiento, argumentando que hacia el 2000 comenzaron a «proliferar entidades instrumentales como el IFA» y varió el modelo de gestión, delegándose las actuaciones de la Consejería en estos entes. Alaya considera que la «partida fraudulenta» aprovechó la «complejidad del lenguaje presupuestario» para ocultar las modificaciones. Estepa se resistió «a entender que los parlamentarios no tengan ese conocimiento». Sobre el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que señala que «en las Leyes de Presupuesto se ha utilizado de forma inadecuada la figura de las transferencias de financiación», el imputado admitió que «trasladado al día de hoy, está de acuerdo» con esta conclusión.