UPyD lleva al juzgado al Consejo de Administración de CajaGranada en 2011

El portavoz de UPyD en Andalucía, Martín de la Herrán, y la concejal de UPyD en Granada, Mayte Olalla, presentaron ayer en los juzgados de Granada una denuncia contra 16 personas: los 15 miembros que conformaban el Consejo de Administración de CajaGranada en febrero de 2011, entre ellos su presidente, Antonio Jara, y el entonces director general de la entidad, Ramón Martín López. ¿La causa? «La subida de sueldo del último en un 25%, cuando ya cobraba 209.898 euros anuales y la caja estaba inmersa en un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a unos 3.000 empleados», explicó De la Herrán a LA RAZÓN.

«Es muy llamativo», añade el líder regional de UPyD, «tratándose además de un director general sin estudios universitarios y designado para el cargo, tras ser propuesto por Jara, por la única razón de ser militante del PSOE».

El relato de la denuncia contra los consejeros –propuestos por PSOE, PP e IU–, indica que en la reunión del Consejo de Administración de 24 de febrero de 2011 se presentó «una propuesta para 'premiar' al director general de la entidad, Ramón Martín López», consistente en «incrementar sus retribuciones» mediante el pago de una compensación del 25 por ciento del dinero que el directivo había percibido hasta entonces «en concepto de retribución fija».Un porcentaje que estaba establecido en función del cumplimiento de determinadas metas. Sin embargo, según UPyD, «como no se habían conseguido esos objetivos de negocio, se le regala sin más, sin la contraprestación que se había establecido para ello, y además con carácter retroactivo», denuncian. «Y por si esta escandalosa concesión, inexplicable desde cualquier óptica mínimamente adecuada de gestión empresarial –añaden en el escrito– no fuese suficientemente perjudicial para la entidad, en una situación de especial gravedad, se incrementó el perjuicio modificando el contrato laboral de dicho directivo para consolidarlo, aún en el caso de que dejase de ejercer el puesto para el que había sido contratado».

Esa modificación fue, según la formación política denunciante, «duramente criticada por algunos de los miembros del Consejo». De hecho, cinco de ellos votaron en contra. No obstante, quince consejeros, quienes ostentaban los principales cargos de gestión, impusieron «una medida injustificable, perjudicial para la entidad, que permitió el enriquecimiento ilícito de una persona que apenas llevaba algo más de dos años ejerciendo el puesto y con un claro fracaso en su gestión», lanzan desde UPyD.

Y si se avanza en la denuncia se podrá comprobar que «apenas un año y medio después» de que se diera vía libre a esa polémica decisión, Martín López «abandonó voluntariamente la caja para dedicarse a negocios privados». Se acogió a «las condiciones establecidas en el acuerdo de prejubilaciones de la caja pero, eso sí, computando a dichoes efectos los ingresos que le habían sido tan oportunamente blindados».

En la exposición de hechos, UPyD sostiene que «se deducen principios indiciarios suficientes para presumir una maquinación con objeto de asegurar unos ingresos no pactados en el momento de su contratación para enriquecimiento del director general, en perjuicio de CajaGranada». Queda por averiguar, apunta al juzgado, «las razones últimas» por las que los consejeros «accedieron a tal infame componenda». En cualquier caso, motivos aparte, UPyD pide al juzgado que abra diligencias previas indagatorias, por unas actuaciones que, considera, pudieran ser constitutivas de delitos, entre ellos, presunta administración desleal. La entidad no se ha pronunciado, de momento, sobre la querella.