Viera apunta hacia abajo y se desvincula de los 21,6 millones pagados a Egmasa

Era 10 de febrero y le tocaba el turno en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el que investiga los ERE entre otras «macrocausas», al ex consejero de Empleo de la Junta entre 2000 y 2004 y ex diputado socialista, José Antonio Viera. Fue citado por la jueza María Núñez Bolaños y cruzó el arco de seguridad para acceder por primera al órgano judicial de paredes ambarinas en el que nació el proceso –ya visitó el Tribunal Supremo (TS) al que éste llegó por la presencia en él de aforados entonces–. Lo hizo por el presunto desvío de fondos ligado al expediente del ERE de 2003 de la empresa pública de medio ambiente Egmasa que le costó al Gobierno andaluz 21,6 millones de euros, y del que se desligó.

Según fuentes del caso, el interrogatorio, en esencia de la Fiscalía Anticorrupción, giró en torno a esa ayuda de la que Viera no recordaba «haber tenido conocimiento» y en la que «no participó». Su memoria tampoco ha registrado que se diera cuenta de ella en el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego agencia IDEA, entes que actuaron como cajas pagadoras del dinero), que él presidió. Miró hacia abajo. Explicó que el director general de trabajo –puesto que en su etapa ocupó el también investigado Francisco Javier Guerrero– «ejercía sus competencias», entre las que constaban la tramitación de las subvenciones, sin su autorización expresa. De hecho, matizó que ha sido ahora cuando se ha enterado de la cuantía de lo que se le abonó a Egmasa, y tampoco tuvo constancia de la crisis por la que atravesó la sociedad pública, cuyo ERE afectó a 373 trabajadores.

Sí admitió que pudo estar al tanto de ayudas de importancia que afectaron a empresas de relieve como Santana Motor, en Jaén, o las repartidas entre las compañías mineras de la Faja Pirítica de Huelva. Cabe recordar que, según consta en el voluminoso sumario de la causa, la Guardia Civil atribuyó al socialista un «papel esencial» en la trama y que durante la etapa que Viera estuvo al frente de Empleo, se concedieron 30,9 millones de euros en fondos directos con un destino: la Sierra Norte de Sevilla. Pero ayer no tocaba hablar de estas ayudas, o al menos nadie preguntó sobre ellas.

El ex titular de Empleo se ha convertido en el primero en dar explicaciones en Sevilla, por espacio de casi media hora, de los ex aforados encausados que pasaron por el Supremo: los ex presidentes del Ejecutivo regional Manuel Chaves y José Antonio Griñán, al que se sumó el también ex consejero Gaspar Zarrías –Mar Moreno resultó absuelta–.

Núñez Bolaños había llamado también en calidad de investigados a los ex directivos de Egmasa María del Mar Espejo, Antonio del Valle y Javier Serrano Aguilar, al ex viceconsejero de Medio Ambiente Juan Jesús Jiménez Martín, quien dimitió como viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales tras conocer su citación como señalado, y al sindicalista Antonio Márquez.

Guerrero quiere saber cuál es la «labor» del juez Martín en la causa

¿Cuál es el papel del juez Álvaro Martín en el «caso ERE»? Eso es lo que quiere saber Fernando de Pablo, el abogado del ex director general de Trabajo investigado, Francisco Javier Guerrero. En un escrito presentado en el juzgado que instruye el «macroproceso», el letrado se queja de una reiteración: tener conocimiento de «detalles de la investigación» por la prensa. A ello suma la aparición de «autos firmados» por Martín. Rúbrica que «viene precedida por la frase (adjetiva en este caso) juez de refuerzo», precisa.

«Dice un viejo aforismo judicial que lo que no está en los autos, no está en el mundo», arranca De Pablo en su escrito, consultado por LA RAZÓN, para pedir que «le sea expuesto en el marco de las actuaciones de los ERE cuál es la «labor» y las «atribuciones» de quien se ha ocupado de los asuntos ordinarios del juzgado durante años. Una solicitud que, aclara el letrado, «no es gratuita ni malintencionada», sino que responde a la necesidad de entender «bajo qué disposición» se sustrae a su cliente «del juez predeterminado por ley y se nombra juez especial (especialmente prohibido)», a efectos de «despejar indefensiones antinatura o disposiciones abiertamente inconstitucionales». En última instancia, reclama una respuesta para poder decidir, «con fundamento», si plantea recusaciones de actores judiciales en la causa. En ese sentido, demanda al juzgado que se les notifique una resolución en la que se acuerde «juez distinto al natural» o, por el contrario, «continuar con el predeterminado por ley», como es su pretensión.

De otro lado, Guerrero ha presentado un recurso de apelación contra el auto en el que la titular del órgano judicial, María Núñez Bolaños, confirmó los dos en los que apostó por dividir la «macrocausa» y diseñó la arquitectura del troceo, rechazando varios recursos, entre ellos uno de reforma del ex director general.

La representación legal de Guerrero insiste en la «posible nulidad» de la decisión de la jueza y reitera sus «dudas» sobre «el enjuiciamiento independiente de las ayudas que defiende el juzgado ‘a quo’». Sostiene De Pablo en su recurso, destinado en última instancia a la Audiencia Provincial de Sevilla, que «en derecho, además del fondo de los asuntos, son de enorme importancia las formas» y no duda en mostrar su «absoluto convencimiento» de que cualquiera de las piezas en las que se quiera dividir el proceso de los ERE hubiera podido ser un «procedimiento independiente y previas independientes de haber nacido legalmente así», sin embargo, «no han sido incoadas independientemente, no han sido fruto de distintas denuncias» ni «se han debido a legales investigaciones independientes», recuerda. Dicho de otra manera: «En este caso son un todo indivisible» y «parten todas de un mismo tronco». Momento en el que el abogado se pregunta «hasta qué punto» no deben considerarse «nulas» unas diligencias «que arrancan de otras que no debieron existir». Y es que, comparte con Núñez la idea de que será de «extrema importancia» el sentido que «pudiera tener la sentencia –firme– que recaiga» en el bloque del llamado procedimiento específico, la rama política, para el devenir del global del caso.