El juzgado abre diligencias contra la Universidad de Valladolid por el deterioro de su fachada histórica

El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid ha abierto diligencias con el fin de determinar la posible existencia de un delito ante el progresivo deterioro sufrido en los últimos años por la fachada el Edificio Histórico de la Universidad vallisoletana, que permanece vallada desde hace más de un año como consecuencia del desprendimiento de elementos arquitectónicos de la misma.

La decisión del referido juzgado, según una información de la Cadena SER recogida por Europa Press, se produce después de que el pasado mes de abril la Fiscalía decidiera tomar cartas en el asunto y acordara la incoación de diligencias para analizar si la estampa actual de la fachada y atrio delantero del referido Edificio Histórico, ocultos por una vallado metálico desde mayo de 2013, tiene su origen en una posible dejación de funciones, merecedora de reproche penal, en cuanto a la deficitaria conservación de lo que en 1996 fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento.

La limitación de la zona al paso de los peatones desde hace meses fue acordada por la UVA como medida de seguridad ante la caída sobre la acera de piedras de varios kilos, al tiempo que la institución propietaria, tal y como explicó en su momento el entonces rector, Marcos Sacristán, se hallaba a la espera de recibir el proyecto de rehabilitación encargado a un estudio arquitectónico, con la previsión de que una vez recepcionado las obras pudieran concluirse antes del verano.

En cualquier caso, la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, Ana Valle, justificaba la apertura de una investigación en el deterioro continuo de la fachada y atrio delantero del Edificio Histórico, sito en la Plaza de la Universidad y sede de la Facultad de Derecho.

El conjunto se encuentra formado por pilares de piedra que sostienen figuras de leones con escudos, únicas piezas del inmueble que se pueden considerar genuinas del barroco del siglo XVIII, y está considerado parte del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

En su escrito ordenando la incoación de diligencias, la acusadora pública solicitó librar oficios a la Sección de Patrimonio Histórico del Servicio Territorial de Cultura de Valladolid y al Vicerrectorado de Patrimonio e Infraestructuras de la UVA solicitando informe sobre el estado actual del BIC, última restauración que se hubiere llevado

a cabo, medidas ejecutadas para su conservación y si se ha adoptado o está prevista alguna, con carácter urgente, tras producirse los últimos desprendimientos de piedras de la fachada.