El programa de apoyo a las familias en riesgo de perder su casa salva hogares

Muchas fueron las críticas y la incertidumbre que rodearon en noviembre del pasado año al programa integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio que puso en marcha la Consejería de Familia para dar respuesta a un problema social en alza y que amenazaba con levantar a la sociedad casi en armas contra los poderes públicos y las entidades bancarias.

Pero, pasados nueve meses, la Junta puede presumir de haber atendido a 1.100 familias, con más de la mitad de estos casos ya cerrados, de los que se han resuelto favorablemente nueve de cada diez, o lo que es lo mismo, alrededor de medio millar de casos en toda la Comunidad. Y favorablemente quiere decir que en la mayoría de los casos las familias han podido mantener su vivienda o bien se les ha ayudado en la tramitación de un alquiler social o bien se ha facilitado la dación en pago, en el caso de los que han perdido su casa, pero al menos, no les queda una deuda que amortizar de por vida.

Así lo ponía ayer de manifiesto la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, después de firmar con el alcalde de Salamanca, un acuerdo de colaboración por el que la Junta y el Ayuntamiento salmantino unirán sus fuerzas para seguir dando una respuesta ágil y comprometida a las familias con problemas de vivienda. Se trata del primer acuerdo del departamento que dirige Milagros Marcos con un Consistorio, que se extenderá a lo largo de los próximos meses al resto de capitales de provincia de la Comunidad. El princpal objetivo de este acuerdo es prevenir la situación de riesgo de exclusión social de las familias afectadas por la crisis económica que, en algunos casos, afecta al impago de los créditos hipotecarios y a la pérdida de la vivienda habitual. Pero también ofrecer asesoramiento a las familias que se encuentran en esa situación para elaborar una propuesta de viabilidad económica, así como interlocución bancaria con el fin de evitar el desahucio de su vivienda, tratando en todo caso, de facilitar el pago de la deuda.

Tras firmar el acuerdo, el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco avanzó la puesta en marcha de un fondo de viviendas de propiedad municipal para ponerlas a disposición de las familias en riesgo de desahucio o de las unidades familiares que, careciendo de cualquier recurso de alojamiento o de posibilidad de acceso al mismo por sus propios medios, se encuentren en una situación de emergencia social derivada de la pérdida de la vivienda, y que comporte riesgo de exclusión social. Igualmente, anunció que se están habilitando en la ciudad una veintena de viviendas para su puesta a disposición en régimen de alquiler social. Igualmente, Fernández Mañueco se comprometió a promover las viviendas propiedad de las entidades de crédito para su arrendamiento a las personas desalojadas de su vivienda habitual por impago de un préstamo y están en peligro de exclusión social.