Herrera apoya modificar la ley estatal hipotecaria para frenar los desalojos

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, defendió una «modificación profunda de la legislación básica, no sólo hipotecaria, sino también arrendaticia» del Estado.

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, defendió una «modificación profunda de la legislación básica, no sólo hipotecaria, sino también arrendaticia» del Estado, dado que ambas atañen a familias y pequeños empresarios, sectores que en muchos casos están acusando la severidad de la crisis.

Con esas premisas, Herrera dio la cara por el Servicio Integral de Apoyo a Familias en Riesgo de Desahucio y apostó por un trabajo de «cooperación, no de imposición», apuntando directamente el decreto antidesahucios impulsado por Andalucía. En este sentido, recordó que, a fecha 31 de marzo, 685 familias en situación de insolvencia se beneficiaron de su intermediación, a partir del desarrollo de 217 planes a medida y 275 casos derivados a otros servicios. En total, 283 procedimientos concluyeron, con un 90 por ciento de ellos resueltos de manera satisfactoria para familias y bancos. Algunos de ellos, destacó el presidente, a partir de la dación en pago.

Con estos datos en la mano, ofreció a la oposición revisar, examinar los resultados, y el balance de funcionamiento, si bien remarcó que «en su práctica y filosofía me reitero», por su carácter «profundamente colaborativo y aportador de buenos resultados».

Mucho ruido y muchas dudas

Herrera zanjó cualquier atisbo de posibilidad de tomar como ejemplo el decreto andaluz de expropiación para evitar los desalojos. Consideró que se trata de una idea de «muy duda legalidad», frente a un modelo, el castellano y leonés, que calificó como «lógico, porque cierra el círculo».

Y es que, el presidente incidió en que Castilla y León aplica «carácter preventivo a la insolvencia», a partir de un modelo de interlocución, frente a otro «cuya gran solución es la dación en pago». Algo que, a juicio de Herrera, «no resuelve el problema», dado que deriva unos costes para las familias que han de asumir el impuesto de plusvalía.

En respuesta a una pregunta lanzada por el portavoz del grupo mixto, José María González, en el pleno de las Cortes, Juan Vicente Herrera animó al representante de Izquierda Unida a ser prudente y le pidió «no apresurarse a la hora de vender las excelencias de un modelo que ha hecho mucho ruido pero que genera muchas dudas, en lo legal y lo constitucional». En este punto, Herrera le recordó que ninguna comunidad autónoma, no sólo las gobernadas por el Partido Popular, se ha subido a ese carro.

José María González incidió en la necesidad de «garantizar la función social de la vivienda» e invitó a «llegar más allá de donde hemos llegado», lo que consideró «parches positivos» los desarrollados aunque insuficientes. Por ello planteó aportar «un granito de arena en defensa de los expoliados por la gran banca, el gran capital que sólo piensa en el beneficio crematístico», afirmó.

Quinientos casos en liza

También en el pleno, la viceportavoz socialista, Ana Redondo, reclamó soluciones ante los desahucios, «que van a más», porque, dijo, durante 2012, hubo «nada menos» que cuatro al día, y en la actualidad hay abiertos 500 nuevos procedimientos en juzgados y tribunales. Redondo lamentó que «mientras la Junta deshoja la margarita», comunidades como Galicia, Asturias y Andalucía «han dado un paso para que no haya un desalojo más».

«Si se puede allí, se puede aquí», dijo. Al respecto, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, le recordó que «las familias aquí no tienen los mismos derechos, sino más, y con un sistema de protección mejor» que en esos territorios, a la par que advirtió de que «son las familias las que pagan la expropiación ideada por la Junta de Andalucía», al aportar el 25 por ciento de los ingresos de que dispongan.