Inspección en Segovia tras detectarse cientos de miles de euros defraudados

El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, confía en reducir el fraude de forma notable en los tributos municipales con el plan especial de inspección fiscal que pondrá en marcha el Ayuntamiento el próximo año. «No se trata de promover una labor inspectora, controladora, perseguidora contra los contribuyentes, sino simplemente de intentar que todo el mundo cumpla dentro de la normalidad», matizó, en declaraciones recogidas por Ical.

El consistorio segoviano no se marca plazos todavía para su inicio, ya que el trabajo de campo de la inspección, la recogida de datos, «lo hará una asesoría externa y por tanto primero habrá que hacer el concurso para contratarla», explicó el edil. Pero se mantiene la idea de llevar a cabo la revisión a lo largo del próximo ejercicio (y durante los siguientes, dado que la adjudicación será para varios años), porque «una cosa es que estemos en crisis, y otra que esa crisis permita o intente permitir que haya personas que defrauden».

«En este caso tenemos que intentar aportar todos, y lógicamente hay que regularizar a aquellas personas que por desconocimiento o por voluntad propia estén defraudando», insistió Arahuetes, quien recordó que durante 2013 ya se desarrolló una campaña puntual de inspección del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en la que se detectó «una cantidad importante de contribuyentes que no estaban al día»», lo que ha derivado en la decisión de reforzar esta labor inspectora.

De los primeros resultados de aquella inspección informaba a finales de octubre el concejal de Economía y Hacienda, Alfonso Reguera, que días después reconocía que «había una costumbre en el empresariado segoviano de modificar las condiciones para el IAE sin comunicarlo en el Ayuntamiento», sobre todo, por ampliaciones de negocio no declaradas. De hecho, todas las empresas analizadas y con sus expedientes ya resueltos hasta el 10 de noviembre estaban pagando menos de lo que debían. La inspección comenzó casi por casualidad, después de que una compañía se ofreciera al Consistorio para llevar a cabo el trabajo de campo que ha servido de base al examen final. Un contrato por 18.000 euros que ha permitido destapar una bolsa no declarada que probablemente supere el millón de euros.