Inversión millonaria del Gobierno Herrera para impulsar el empleo en los municipios

El último Consejo de Gobierno de Castilla y León dio para mucho en materia laboral antes de irse unas semanas de vacaciones. El Ejecutivo que preside Juan Vicente Herrera aprobó 75,6 millones para las entidades locales dentro de la financiación local vinculada a los ingresos impositivos de la Comunidad Autónoma. La mayor parte de esta inversión irá destinada a la creación de empleo en las ciudades y pueblos de la Región.

Así lo explicó la portavoz Milagros Marcos, quien añadió que la financiación de las corporaciones locales en este año representa el 4,78 por ciento más en comparación con lo establecido en 2016.

También subrayó que la financiación a entidades locales vinculada a los ingresos impositivos, que asciende a 62,4 millones, un 2,43 por ciento superior respecto al año 2016; proceden 12,8 millones del Fondo de participación en tributos propios y 49,6 millones del vinculado a los tributos cedidos.

Estos programas se distribuyen conforme a los criterios marcados en la Ley de Medidas Tributarias y de Financiación de Entidades Locales, correspondiendo en el año 2017 un total de 34,3 millones a municipios de menos de 20.000 habitantes, 15,6 millones de euros a los mayores de 20.000 habitantes y 12,5 millones a las diputaciones provinciales.

Por otra parte, la portavoz anunció 3,3 millones a la sociedad de garantía recíproca Iberaval para la bonificación de créditos a pymes, emprendedores y autónomos, a través de las 12 líneas de apoyo. Se estima que esta programa movilizará 78 millones en préstamos competitivos, que permitirán impulsar 750 proyectos empresariales.

En materia sanitaria, el Consejo de Gobierno aprobó más de tres millones para la compra de tecnología diagnóstica de última generación, con fin de lograr la instalación este mismo año de seis nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis y 95 monitores de radiología digital.

Por último, la Junta dio luz verde al decreto que establecerá el nuevo marco normativo sobre la autorización de los centros de carácter social para personas mayores, con el fin de garantizar una atención de calidad.