La Comisión de Transparencia del Procurador del Común triplica sus reclamaciones en sólo dos años

La Comisión de Transparencia de Castilla y León, que depende del Procurador del Común, continúa creciendo notablemente y, de hecho, en el último año ha triplicado la cifra de reclamaciones de 2016, fecha en que se puso en marcha este órgano. Si en su primer año de funcionamiento se registraron 101 quejas, en 2017 la cifra llegó a 202 y en este último año ya han sido 314 las diversas reclamaciones presentadas por los ciudadanos frente a denegaciones de acceso a información pública dirigidas a la Administración autonómica y local, a entidades integrantes del sector público de ambas y a corporaciones de derecho público, como son los colegios profesionales.

El Procurador del Común, Tomás Quintana, en declaraciones a LA RAZÓN, significa la «voluntad de servicio que tenemos aquí, con el fin de beneficiar a la ciudadanía, y en este sentido añade que esta Comisión «contesta en un plazo máximo de tres meses» y que la principal novedad con respecto a las resoluciones propias «es que la decisión que se adopta es de obligado cumplimiento para la administración».

De las 314 reclamaciones recibidas, 188 se refirieron a denegaciones de información pedida a entidades locales (de las que 141 correspondieron a los ayuntamientos de la Comunidad); 84 se presentaron frente a la Administración autonómica y ocho en relación con la falta de información por parte de alguna de las cuatro universidades públicas de la Región .

El tipo de información solicitada por los ciudadanos por los que ha motivado sus demandas es muy diverso, aunque las dos grandes materias que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones son las relativas a cuestiones referidas al personal de la Administración y a la actividad económica presupuestaria y de contratación de las entidades locales.

Lo que también ha experimentado un notable aumento ha sido el número de resoluciones adoptadas por la Comisión que han llegado a 226. De ellas, en 94 se estimó en todo o en parte la petición del ciudadano de acceder a determinada información y, por tanto, se requirió al organismo afectado para que suministrara la misma.

Algunos de los ejemplos que se han requerido tienen que ver con las gratificaciones extraordinarias percibidas por el personal directivo de la Junta; acceso a información relativa a la contratación de personal en ayuntamientos; o datos de alumnados con necesidades específicas.