La Junta confía en nuevos cambios en la reforma local porque «nos gusta poco»

La Junta de Castilla y León ha expresado que el proyecto de ley de reforma local aprobado ayer por el Gobierno central le «gusta poco», sobre todo por la falta de claridad sobre la financiación de los servicios sociales, aunque ha reconocido que «ha mejorado algunas cuestiones» del anteproyecto.

En declaraciones a Efe, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Jose Antonio de Santiago-Juárez, confiaba en que el trámite parlamentario sirva para introducir cambios en una normativa que, tal y como está planteada, «pone en riesgo el modelo profundamente descentralizado y eficaz» de servicios sociales que funciona en Castilla y León desde hace años.

«Castilla y León no tiene miedo a gestionar competencias pero exige que tras la competencia venga la financiación», avisaba el portavoz de la Junta, para quien el Ministerio de Hacienda «no deja claro» cómo se sufragarán los costes que dejarán de asumir las corporaciones locales y que pasarán a depender de las administraciones autonómicas.

El portavoz ha planteado como posibilidad que sea la negociación del nuevo modelo la que aclare cómo se afrontará este cambio de gestión de los servicios sociales, aunque en la última reunión con el ministro Montoro no se concretó que esto sería así.

También criticó el papel desarrollado en la elaboración de este proyecto de ley por representantes de Castilla y León en la Federación Española de Municipios y Provincias, cuyo máximo exponente es el presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maíllo.

«Han sido muy poco sensibles con las características de Castilla y León», resumía De Santiago-Juárez, quien ha pedido a estos representantes la razón de esta decisión. La Junta tampoco está de acuerdo con el «excesivamente corto» plazo, de tres meses, que el Ministerio dará a las entidades locales menores para que rindan sus cuentas «porque ni hay cultura ni tradición» de hacerlo, por lo que en un territorio como Castilla y León será especialmente complicado al contar con «un tercio de las entidades locales menores existentes en España».

Por su parte, el coordinador de IU en Castilla y León, José María González, ha criticado esta reforma local ya que en su opinión, supone un «ataque al municipalismo» de la Comunidad, una «privatización sistemática» y el «despido de decenas de miles de trabajadores».

Mientras, el vicepresidente de la FRMP, Fernando Martínez Maíllo, expresaba su «satisfacción» por el hecho de que la ordenación de las competencias locales haya quedado «en manos del Estado y no de las comunidades autónomas» y considera que «algunos se precipitaron» al interpretar que la reforma «relativizaba» el papel de las diputaciones.