La nueva ley de Cooperativas reduce trámites para crear más empleo y fijar población

La nueva ley de Cooperativas sale adelante con el apoyo unánime del pleno de las Cortes regionales. Esta normativa permitirá reducir y simplificar los trámites para facilitar el nacimiento de estas sociedades y ser así motor de creación de empleo y herramienta para fijar población en Castilla y León.

La propuesta presentada por la Junta no estuvo exenta de enmiendas, pese a lo cual obtuvo el consenso de los grupos, tal y como explicó el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, que defendió que se aprueba una ley «participativa» que mejora el texto inicial con las aportaciones del resto de fuerzas políticas para tener un «proyecto mejor».

En este sentido, Fernández Carriedo quiso poner en valor la economía social y las cooperativas y resaltó que la destrucción de empleo por la crisis fue hasta 12 puntos inferior en estos modelos respecto del resto de empresas.

El consejero resaltó además algunas modificaciones de la «ambiciosa» normativa como la ampliación de 2.000 a 3.000 euros el capital social mínimo, la consideración positiva del silencio administrativo, la creación de la categoría del «socio de servicios», la modificación de competencias para agilizar la toma de decisiones o la legalización electrónica de los libros de cuentas.

Además, los grupos también se pusieron de acuerdo para aprobar una moción de Ciudadanos en la que se plantea un modelo agrario sostenible, orientado hacia las necesidades de los consumidores, y en el que se apueste por que los profesionales del sector tengan información en tiempo real sobre meteorología, mercados o tecnología con el objetivo de reducir la brecha digital entre los castellanos y leoneses que viven en las capitales de provincia y los que optan por residir en los pueblos.

Así, se impulsa un método basado en la innovación que mejore la productividad y la eficacia en la cadena de valor para incentivar la exportación.

Por otro lado, las Cortes instaron en su conjunto a la Junta a estar a disposición de patronal y sindicatos, en el caso de que demanden su mediación, para alcanzar un acuerdo en materia laboral que culmine en un incremento salarial para los trabajadores que les permita recuperar el poder adquisitivo.

«Es una iniciativa de sentido común y de compromiso», argumentó el socialista Pedro González en la presentación de su proposición, quien atribuyó a la «nefasta» reforma laboral que la brecha salarial «se haya disparado» y que en un 90 por ciento de los contratos sean temporales. «Si la recuperación está aquí, como dicen, no llega a los trabajadores», aseveró.

Por último, las Cortes instaron también al Ejecutivo autonómico a aprobar, a la mayor brevedad y mediante una orden, la declaración de Centro de Enseñanza Histórico de la Comunidad para reconocer y poner en valor estos inmuebles.