La reforma local le costaría a la Junta entre 700 y 1.000 millones de euros

Entre 700 y 1.000 millones de euros es el coste que tendría que desembolsar la Junta en el caso de que asuma las competencias de los entes locales tal y como se recoge en el Anteproyecto de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local presentado por el Gobierno central y al que se opone la Junta al considerar que es «poco sensible con el peculiar mundo local de Castilla y León»y por esta razón se solicita que esta Comunidad «merezca un tratamiento específico y diferenciado a la hora de aplicar el anteproyecto».

El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, anunciaba que ya se ha enviado el Ejecutivo central un extenso informe en el que se piden «modificar» importantes cuestiones en el texto al estar en «francamente desacuerdo» con algunos puntos, aunque recalcó, en todo momento, que se hace necesario abordar una gran reforma de calado para el mundo local y que se debe aprovechar este momento para abordar también la reforma en la financiación local.

De Santiago-Juárez indicaba que este informe «no está en contra de nadie» y que antepone los derechos de los ciudadanos castellanos y leoneses, en especial, los del medio rural, sobre cualquier administración.

Una de las carencias encontradas en el anteproyecto es que no hay alternativas para los municipios que no sean eficaces y sostenibles, a los que se vaciarán de competencias que pasarán a asumirlas una administración superior. En este sentido, el portavoz reivindicó el modelo de ordenación territorial en el que trabaja la Junta, al ser «claramente municipalista» y ahora «oportuno», ya que posibilita que en el caso de que algún ente pierda competencias, éstas pasarían a la más cercana, en este caso a las denominadas «mancomunidades de interés general» y si no, a las diputaciones provinciales.

También se opone la Junta al plazo que otorga el Estado para la presentación de las cuentas públicas en el caso de mancomunidades y entidades menores, sea de tres meses. Un periodo que la Junta califica como «mínimo y perentorio», por lo que exige su ampliación, como mínimo, hasta el 31 de diciembre de 2014. «No nos oponemos a que se transfieran algunas competencias, aunque deben ser debidamente valoradas», informaba el portavoz, quien recordaba que algunas relativas a la educación, sanidad y servicios sociales son propias de entes locales, atribuidas directamente por leyes y están prestándolas desde hace 27 años. A continuación, reivindicó el trabajo altruista del 90 por ciento de los alcaldes y concejales de la Comunidad, que no perciben retribución alguna y a los que se acusa «injustamente» de ser responsables del alto déficit.

Otra cuestión en la que difiere la Junta con el texto presentado por el Gobierno tiene que ver con el concepto jurídico «coste estándar», y que para cuya determinación la única variable que se utiliza es la población. De Santiago-Juárez señaló que eso perjudica seriamente a la Comunidad al no tener en cuenta factores como densidad, dispersión, extensión territorial o envejecimiento, por lo que demandó aplicar el «coste efectivo», el habitual utilizado para traspasos entre las adminitraciones, y donde se garantiza que no se produzcan desequilibrios financieros.

De Santiago-Juárez no quiso dejar escapar la ocasión para criticar a aquellos políticos a los que «se les llena la boca» al hablar de municipalismo, pero «todo se queda en palabras y nunca en hechos».