Las empresas mineras deberán ajustar sus estructuras si quieren superar 2014

Las empresas mineras del carbón que quieran seguir funcionando tras 2014, deberán acometer ajustes y rebajar costes para ser competitivas.

Las empresas mineras del carbón que quieran seguir funcionando tras 2014, deberán acometer ajustes y rebajar costes para ser competitivas. Así lo apuntó el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, quien se reunía ayer con el nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, con quien coincidía en la necesidad de conocer lo antes posible qué compañías, qué explotaciones podrán seguir siendo competitivas una vez que se haya eliminado el incentivo a las eléctricas que compran carbón autóctono para quemarlo en centrales térmicas. Es decir, cuáles quedarán sin recibir ayudas públicas, tal como impone Europa tras cambiarse las partidas en concepto de apoyo a reserva estratégica por las ligadas al cierre de explotaciones. Con las eléctricas, dijo Villanueva, debe fijarse un «marco estable de relaciones», dado que sin las ayudas, deberá analizarse cuáles son las firmas competitivas a precio de mercado. Un planteamiento que, explicó Villanueva, ya se ha trasladado a la patronal del sector, Carbunión, y personalmente el consejero ha hecho llegar a los responsables de los grupos empresariales que operan en explotaciones de interior o a cielo abierto en el norte de Castilla y León, que tienen cinco días para alegar al borrador de resolución que baraja el Gobierno, del que dijo, «quiere seguir apoyando a la minería del carbón para que forme parte del mix energético». «Nos parece positivo que se aborde esto de manera inmediata», agregó el responsable autonómico de Economía. En este contexto, el consejero reclamó que la compra del mineral sea considerada como «obligación de servicio público» para que tenga preferencia el carbón nacional frente al importado, siempre que se comercialice a precios de mercado. Todas estas medidas, añadió, «no tienen por qué suponer expedientes de regulación de empleo». Añadió que «esto no es un juego, es un llamamiento a la realidad, porque muchas familias, en torno a 70.000 personas, dependen del sector».

En cuanto a la aplicación de las ayudas por pérdida de explotación correspondientes al pasado año, unos 111 millones de euros, el consejero dio a conocer a la prensa la respuesta que le dio el secretario de Estado: «tan sólo resta una cuestión meramente administrativa», y consideró que antes de un mes se habrá ingresado en las cuentas de las empresas extractoras.

Por otra parte, Villanueva calificó de «excesiva» la reducción de la producción establecida por el Ejecutivo central para este año, al pasarse de 23 millones de megavatios hora de generación, a 18, es decir, un 22 por ciento menos.