PP, PSOE, IU y UPL respaldan la Red de Herrera de socorro a familias en apuros

VALLADOLID- Castilla y León vuelve a demostrar su sensibilidad con las familias con más problemas económicos. La Junta y los grupos políticos de las Cortes regionales han suscrito un acuerdo político unánime de apoyo al nuevo sistema de protección a las personas más afectadas por la crisis, que se plasmará hoy en un Decreto-Ley, por el que adoptan medidas extraordinarias.

Esta iniciativa, que se suma al gran pacto social, permite a Castilla y León contar con un «proyecto de Comunidad» a favor de los más necesitados.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, destacó «la sensibilidad» de todos los grupos que con sus aportaciones han mejorado el planteamiento previo, incorporando medidas para articular una «respuesta urgente, eficaz, coordinada e integral» a las nuevas necesidades impuestas por la dura situación económica.

La Red de Protección a las familias afectadas por la crisis se convierte en un sistema único e incorpora los 23 programas puestos en marcha para dar una atención a estas personas. Con rango de ley, se convierte en una Red de Responsabilidad Pública, liderada por la Junta, en la que están todos los prestadores de servicios (corporaciones locales, entidades públicas y privadas con fondos públicos).

Novedades

Milagros Marcos anunció, en el marco de colaboración con las entidades locales, que se dotarán con un millón de euros más los programas de inclusión social desarrollados por las corporaciones locales en una modificación de los presupuestos de la Junta para 2014. La consejera destacó también que la Red Centinela de alerta infantil se incorpore a este sistema único, de manera que se pueda detectar y dar una respuesta rápida a posibles casos de pobreza y desnutrición de menores.

A la Red de Responsabilidad Pública se incorporan programas ya puestos en marcha, como el Servicio de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio, el Servicio Urgente de Distribución de Alimentos y el Fondo de Solidaridad, cuyas aportaciones serán adicionales y no sustituirán a los fondos públicos. De esta manera, todos ellos forman parte del catálogo de servicios que ofrece la Comunidad ante esas situaciones de riesgo de exclusión social.

Igualmente, se refuerza la vinculación de la Red con el empleo de las personas más vulnerables. El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, explicó que estos colectivos, en especial los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, tendrán la consideración de preferentes en los futuros planes de empleo de la Comunidad. De esa manera se pretende dar oportunidades a estas personas para conseguir un empleo que les saque de la situación de exclusión social y evitar caer en ella.

Además, Junta y grupos de las Cortes acordaron reforzar el seguimiento de la Red de Protección, que compromete una comparecencia anual en el Parlamento para evaluar el sistema de recurso único y también la Renta de Ciudadanía y la remisión de un informe en la misma línea al Procurador del Común. A ello, se une la información desde los servicios por parte de los profesiones a los usuarios, tanto en el apartado de viviendas de promoción públicas disponibles y de los requisistos de acceso a la renta de ciudadanía.

«Buen acuerdo»

El portavoz del Grupo Socialista, Óscar López, señaló que «se trata de un buen acuerdo», aunque advirtió de que su formación va a seguir con su demanda de reformar el Estatuto de Autonomía para que el gasto social alcance el 12 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Región.

En la misma línea, el procurador de Izquierda Unida, José María González, que «se asume un compromiso fuerte y potente por ley», y subrayó que «todavía se puede hacer mucho más».

Por último, el 'popular' Carlos Fernández Carriedo señaló que el objetivo es llevar el proyecto al próximo pleno de las Cortes regionales con el objetivo «de aprobarlo lo antes posible».