Rosa Valdeón mueve ficha para reforzar el Serla en beneficio de los trabajadores

La vicepresidenta de Castilla y León, Rosa Valdeón, ha movido ficha para reforzar el Servicio Regional de Relaciones Laborales a los conflictos individuales. Ha remitido una carta al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la que le solicita el apoyo para impulsar la ampliación de esta iniciativa, porque tendrá un coste de tres millones pero supondrá ahorros al Estado de 70 millones.

La también consejera de Empleo plantea la posibilidad al Ministerio de suscribir un convenio de colaboración “en la medida en que no se han transferido a esta Comunidad las competencias referidas a la Administración de justicia, que permitiría «sin duda», afirma, «mejorar la implantación del nuevo sistema, asegurar la ejecutabilidad de las conciliaciones o mediaciones alcanzadas y coordinar de manera más adecuada nuestro esfuerzo conjunto en pro de la Justicia Social en Castilla y León».

La misiva, a la que ha tenido acceso la Agencia Ical, recuerda que los firmantes del acuerdo para la ampliación del Serla (CCOO, UGT y Cecale), estiman, conforme a experiencias similares ya desarrolladas en otras autonomías, que este nuevo servicio supondría «un ahorro para las arcas de la Administración de Justicia» en el entorno de los 70 millones de euros. Una cuantía muy superior al coste estimado de aproximadamente tres millones de euros para su implantación «atendidos íntegramente con cargo a los presupuestos de la Administración autonómica».

La carta remitida al ministro, con fecha 29 de abril, incide en que desde la Junta están convencidos de la «bondad» del nuevo sistema de resolución de conflictos individuales y de que posibilitará «no solo una mayor celeridad y efectividad a los acuerdos adoptados, lo que en sí mismo ya justificaría su adopción, sino también una importante reducción de los costes asociados a procesos judiciales».

Esto será posible, prosigue, al estar previsto «alcanzar un mayor grado de acuerdos entre las partes y una significativa reducción de los tiempos para su resolución, minorándose de este modo la carga de trabajo de los órganos de la Jurisdicción de los Social».

Valdeón recuerda que el nuevo servicio arrancará el 1 de julio, de forma inicial en la sede actual de Valladolid, para en ejercicios posteriores ir extendiéndose al resto de provincias de la Región.

La número 2 del Gobierno Herrera arranca el texto remitido a Rafael Catalá exponiendo al ministro la «apuesta decidida» de la Junta por el fomento del Diálogo Social, como «factor de progreso económico y de cohesión social», conforme al artículo 16 del Estatuto de Autonomía.