Soria recurrirá al Parlamento para corregir «un trato injusto» en el proyecto de la depuradora

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, anunció un intenso trabajo ante los grupos parlamentarios para corregir un «trato injusto y discriminatorio» en el proyecto de nueva depuradora de aguas residuales de la ciudad, declarada de interés general.

Martínez, que se entrevistó en Madrid con los responsables de la sociedad estatal Acuaes, avanzó en un comunicado que se llevarán a cabo reuniones para lograr ese respaldo necesario ante una demanda sobre la que «debe existir solidaridad y consenso de todas las fuerzas».

«No podemos hablar de discriminación en positivo, de medidas especiales en Soria y simultáneamente aceptar este trato desigual», denunció.

Para ello, se comenzará por una reunión con el Grupo Socialista en el Congreso con el objetivo de elaborar una Proposición no de Ley que presentar en la cámara así como una ronda de contactos con otros grupos para conseguir el compromiso necesario que haga que el Ministerio de Medio Ambiente corrija su postura y se involucre económicamente en la ejecución de la depuradora.

En la reunión celebrada en Acuaes se presentaron distintas alternativas y escenarios de financiación para la ejecución de esta infraestructura declarada de interés general por el Gobierno de España.

Los documentos, que contemplan costes que van desde 50 millones de euros a los 10 millones, en el caso de que se opte por un «parcheo» de la actual, no recogen ninguna aportación del Ministerio de Medio Ambiente y cargan a los bolsillos de los sorianos el 65 por ciento del coste de cualquiera de los tres proyectos abonándose el resto con fondos europeos.

Martínez insistió en la búsqueda de fórmulas para corregir este trato desigual hacia la depuradora soriana teniendo sobre la mesa ejemplos de otras infraestructuras en Plasencia, Cáceres, Estepona o Nerja, que cuentan con financiación gubernamental.

El Ayuntamiento, además, defiende su postura de amparo legal por la declaración de interés general que obliga al Estado a colaborar.