Un modelo de ordenación que mejore los servicios y fortalezca los municipios

El Anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León ya es una realidad. El Gobierno Herrera, en su reunión semanal, aprobó este documento que tiene como objetivo «contar con un mapa más moderno, un modelo más cercano para los ciudadanos, con servicios de mayor calidad y para que los municipios, sobre todo los más pequeños, tengan voz y sean más fuertes». Así lo señaló el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y destacó que la iniciativa es resultado de un proceso abierto y participativo. También quiso dejar claro que se evita la supresión de municipios y la agrupación «forzosa» y apuesta por la unión voluntaria, a través de «una herramienta útil» que permitirá a las entidades locales salir de la «marginalidad» en la que se encontraban, ya que «la unión hace la fuerza».

De Santiago-Juárez desglosó, en una explicación muy detallada, el modelo que se apoyará sobre un mapa de quince unidades básicas urbanas, coincidiendo con los municipios de más de 20.000 habitantes, y unas 161 rurales, aunque este último aspecto «pueden existir variaciones». En este sentido, avanzó que la iniciativa se aprobará mediante un decreto en otoño de 2013, y se ha marcado un plazo de tres años para adaptar normativa sectorial sobre servicios públicos esenciales a esta nueva estructura de unidades, que actuarán como espacio o «parámetro básico».

De Santiago-Juárez señaló que «se trata de hacer la vida más fácil, sencilla y cómoda a cada ciudadano tanto en su relación con la relación con la administración como en la prestación de servicios».

También subrayó que la Junta pretende que las Cortes regionales aprueben la Ley antes del verano, y dijo que se va a pedir al Grupo Parlamentario Popular que agilice su tramitación. En este sentido, informó de que el documento estará disponible desde hoy en el portal del Gobierno Abierto. El siguiente paso será pedir un informe preceptivo al Consejo Económico y Social (CES), y al Consejo Consultivo, que podrían emitirlo en quince días. Posteriormente, el Ejecutivo autonómico difundirá un proyecto de decreto sobre el mapa con el fin de que se apruebe un mes después que la propia ley.

El portavoz declaró que junto a las unidades básicas puede haber áreas funcionales estratégicas temporales para impulsar zonas con menor dinamismo o por circunstancias extraordinarias como catástrofes o incendios.

Como herramienta asociativa voluntaria para prestar los servicios se plantean las mancomunidades de interés general, que no supondrán una nueva estructura administrativa que se plantean como sustitutas de las actuales, con las que convivirán hasta que se extingan las anteriores.

Las mancomunidades rurales podrán constituirse con al menos una unidad básica de ordenación y cinco como máximo, siempre que sean limítrofes y tendrán una cartera de servicios homogénea y común; y en las urbanas, coinciden con las áreas funcionales estables y no tendrán una cartera común de servicios aunque al menos prestarán los de abastecimiento y saneamiento de agua, transporte público, seguridad ciudadana, protección civil y extinción de incendios. El anteproyecto también regula la figura del consorcio, la fusión de municipios, siempre voluntaria; y recoge los municipios del enclave burgalés de Treviño como una «unidad básica de ordenación y servicios», que además «se integrarán en el área funcional estable que se constituya en torno a Miranda de Ebro», y podrán asociarse a otros próximos para crear una mancomunidad de interés general. En cuanto a la de El Bierzo, en León, la única legalmente constituida, se prevé que se delimiten las unidades básicas de acuerdo a esta norma.