Colau podría multar a Airbnb con 600.000 euros

El Ayuntamiento redobla la presión sobre las plataformas de pisos turísticos ilegales que no han respondido a los requerimientos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau

El Ayuntamiento redobla la presión sobre las plataformas de pisos turísticos ilegales que no han respondido a los requerimientos.

Cabía esperar que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como fundadora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca iba a tomarse muy en serio la problemática de la vivienda en la ciudad. Anuncios, por su parte, ha habido muchos, resultados, no tantos. Si bien es cierto que un parque público de vivienda no se levanta en dos días, la falta de respuestas le ha valido una amonestación incluso de la PAH. En cualquier caso, Colau ha emprendido su particular cruzada contra los apartamentos turísticos ilegales y más concretamente contra las plataformas de internet que los promocionan. Entre 2015 y lo que llevamos de 2016, se han inspeccionado 2.505 pisos turísticos y se han abierto 701 expedientes sancionadores, con unas multas de 30.000 euros a alojamientos que operaban de forma ilegal. No obstante, varias de estas plataformas han hecho caso omiso de las advertencias y el Ayuntamiento quiere aplicar hasta el extremo la ley de turismo que permite multar hasta con 600.000 euros en casos de reincidencia.

El plan de choque de inspección de viviendas de uso turístico, presentado ayer, incluye una veintena de acciones concretas para combatir los pisos turísticos ilegales que se dividirán en cinco grandes ámbitos: la detección de pisos ilegales, la inspección, la colaboración entre administraciones, la revisión de la normativa y la sensibilización de los diferentes actores implicados en la lucha contra la ilegalidad del sector.

La teniente de alcalde del Ayuntamiento, Janet Sanz, precisó que ya se han resuelto los dos primeros expedientes incoados a las plataformas Airbnb y Homeaway, que eran los que contenían un mayor número de anuncios ilegales. «Somos la primera administración local que impulsa multas a las plataformas intermediadoras», indicó, si bien precisó que el largo proceso administrativo que se aplica a las dos citadas plataformas se encuentra ahora mismo en fase de resolución, ya que se ha tenido que notificar en la sede de estas empresas en el extranjero. En el supuesto de que Airbnb y Homeaway reincidieran en continuar ofreciendo pisos ilegales, el Consistorio podría aplicar la sanción máxima de 600.000 euros. «No hay afán recaudador, sino que el objetivo es que las plataformas dejen de publicitar pisos turísticos ilegales», aseguró la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin.

Airbnb calificó de «decepcionante» la «regulación arcaica» que, en su opinión, pretende llevar a cabo el Ayuntamiento de Barcelona del sector de las viviendas turísticas. «Es decepcionante comprobar cómo el Ayuntamiento de Barcelona sigue promoviendo una regulación arcaica que protege a las empresas tradicionales y no deja espacio para los particulares», lamentó la plataforma. Airbnb asegura que muchos ciudadanos de clase media de la ciudad están compartiendo su hogar para obtener unos ingresos que les permiten llegar a final de mes, lo que además permite que los beneficios del turismo lleguen a las familias y a los comercio de barrio.

Licencias

En los últimos meses, el Consistorio ha revisado administrativamente las licencias de viviendas turísticas existentes en Barcelona, que ha comportado dejar sin efecto la licencia de unos 400 alojamientos, de los que 250 son actas firmes y no pueden continuar operando. También se han abierto 357 expedientes sancionadores abreviados de hasta 900 euros a viviendas turísticas que sí tenían licencia pero que no atendieron o resolvieron la incidencia por la que fueron multados. Según los datos facilitados, nueve portales de internet no han dejado de anunciar viviendas turísticas sin licencia, a pesar de haberlo requerido así el ayuntamiento –Tripadvisor, Fotocasa, Rent4days, 9flats, Housetrip, Only-apartaments, Windu, Oh Barcelona y Niumba–, por lo que se les ha incoado un expediente sancionador de hasta 30.000 euros.

Para ello, el Ayuntamiento tiene un equipo de 20 inspectores que recorren los barrios para detectar las viviendas que, presuntamente, se encuentren fuera de la ley. También se ha organizado un equipo especializado en búsquedas en internet para identificar pisos sin licencia que se anuncian a través de plataformas, formado por dos administrativos y un abogado, que, en dos semanas, han detectado una veintena de viviendas que se estarían operando ilegalmente.

Janet Sanz informó de que otra de las medidas es un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas para facilitar que los miembros de comunidades de vecinos tengan conocimiento de los instrumentos que están a su alcance para evitar la actividad ilegal, lo que también permitirá detectar más viviendas destinadas a esta actividad.