Barcelona aplaza dos años la normativa de terrazas y da un respiro al gremio

El sector de la restauración aplaude la medida pero considera que las modificaciones sólo posponen la problemática

La pasada legislatura municipal, CiU y PP aprobaron una normativa sobre terrazas que pilló al sector de la restauración con el pie cambiado. El diálogo, según explicó el gremio, fue escaso y se encontraron con una regulación mucho más restrictiva en cuanto a la ocupación del espacio público. Esta normativa tenía que entrar en vigor con la llegada del nuevo año pero, tras una sonada protesta del sector, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha decidido retrasar dos años la aplicación de los puntos más polémicos de la nueva ordenanza a la espera de encontrar un consenso con el sector. El gremio aplaudió la moratoria pero adviertieron que no basta para resolver la situación de las terrazas

Según detalló Ayuntamiento, los objetivos de esta primera modificación de la normativa son «minimizar las afectaciones y el impacto producido por la aplicación del texto». Con ello, el consistorio quiere «garantizar el mantenimiento de las condiciones de seguridad, accesibilidad y movilidad básicas», así como «hacer compatible el encaje entre la actividad económica y un uso confortable del espacio público por parte de la ciudadanía». La nueva propuesta se someterá a aprobación inicial en la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad del próximo 22 de diciembre. Las medidas son de carácter inmediato y suponen un primer paso mientras se acaba de elaborar una modificación definitiva de la ordenanza que englobe las demandas de los vecinos y de los restauradores.

Así, los artículos cuya aplicación se pospone hacen referencia a las condiciones para poder ubicar terrazas, las medidas de accesibilidad y el número de aseos tampoco. La distancia de separación entre terrazas pasará de 1,8 a 1,5 metros. Además, se modificarán las distancias respecto a vados de acceso de vehículos a las fincas, paradas de autobús, salidas de metro, plazas de estacionamiento reservado para personas con discapacidades, aparcamientos de bicicletas, estaciones de Bicing y otros elementos como bancos, fuentes y barandillas.

Con estos pequeños retoques el Ayuntamiento señala que quiere corregir algunas indefiniciones detectadas y distancias que en algunos casos se consideran demasiado exigentes y, en otros, demasiado flexibles. Además, se aumentará el margen de interpretación de cada caso «en función del territorio y la congestión y características del espacio».

Desde el PP, su presidente, Alberto Fernández, calificó la medida de «parche» y denunció que «no resuelve los problemas reales de las distancias, que pueden obligar a cerrar la inmensa mayoría de las terrazas amenazadas por el recorte municipal de sus mesas». A su juicio, «en vez de encarar los problemas, el gobierno de Ada Colau no ha buscado soluciones durante sus 6 primeros meses de mandato y aplaza las decisiones hasta 3 años creando inseguridad jurídica sin tan siquiera resolver los problemas de convivencia de terrazas y vecinos».

Precisamente, esta semana, el Gremio de Restauradores puso en marcha una campaña para reivindicar el uso vecinal de las terrazas y propuso a una treintena de personalidades barcelonesas que apadrinasen una.

Más de la mitad de las terrazas afectadas

Hasta 2013 en Barcelona convivían 24 normativas distintas que afectaban a terrazas de bares y restaurantes. Desde entonces, el Ayuntamiento ha intentado aplicar una nueva normativa de forma paulatina que fue muy mal recibida por el sector. De este modo, se calculaba que de las 4.600 terrazas, 2.240 estaban afectadas por algún artículo. De hecho, más de 200 tenían que ser eliminadas y otras tantas recortadas. Sin ir más lejos, este año ya han desaparecido 36 terrazas. En el 2016 habría tocado limitar su ubicación ante las fachadas, y en el 2017 ajustar el número de sanitarios y la accesibilidad.