Barcelona limitará las licencias de Uber y Cabify para proteger al taxi

Colau firma un decreto para aprobar este reglamento, que espera tener listo para febrero.

La alcaldesa y presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Ada Colau, firmó ayer un decreto por el que se inicia la tramitación de un reglamento metropolitano, que regulará los servicios de los vehículos turismo con conductor (VTC). Se espera que esté aprobado a finales de este invierno, y que limitará su proliferación. Los VTC son usados por empresas como Uber y Utify.

De esta manera, los vehículos de Uber y Cabify deberán requirir una autorización para circular por el territorio complementario a la licencia, que no depende del Ayuntamiento. El decreto no está todavía redactado, y se hará con grupos políticos y con el sector del taxi.

Presencia limitada

En principio, se aprobará amparándose en competencias sobre tráfico y contaminación del AMB. Colau hizo este anuncio acompañada de la concejala de Movilidad y presidenta del Instituto Metropolitano del Taxi (Imet), Mercedes Vidal, unea vez terminada la reunión con representantes del sector.

Con esta normativa, se limita la proliferación de este tipo de vehículos en los 36 municipios del área metropolitana.

Colau añadió que, con estas licencias, será el AMB el que autorizará a los VTC a trabajar en su territorio, y podrá denegar estas autorizaciones, por, entre otros motivos justificados, si se considera que el contingente de servicio que ofrecen estos vehículos está cubierto.

«No podemos decidir si se dan licencias o no, no es nuestra competencia, pero sí podemos exigir una autorización previa metropolitana», aseguró Colau sobre el reglamento, al que el sector, entidades y grupos políticos podrán hacer aportaciones antes de su aprobación inicial, que prevé que pueda abordarse en enero en el pleno del AMB, para después hacerlo de forma definitiva en febrero o marzo.

Vidal detalló que el AMB puede determinar en qué condiciones se presta este servicio dentro de su territorio, con relativas a ámbitos como la congestión del tráfico, la regulación de la movilidad y el medio ambiente. «Lo último que necesitamos es que se sumen 3.000 vehículos más. Tanto para la gestión del tráfico como para la calidad del aire sería muy negativo», añadió.

En el área metropolitana operan unos 10.500 taxis y unas 800 licencias VTC, que «prácticamente se han duplicado» en los últimos años, según Vidal, que dijo que ya se supera la proporción de un VTC por 30 taxis y que estos podrían sumar 3.000 más en Cataluña mediante sentencias judiciales que resuelven peticiones solicitadas por un vacío legal, recordó por su parte Colau.

La alcaldesa resaltó que nunca han cuestionado que existan licencias para servicios específicos, como funerales y bodas, por ejemplo, pero «lo que no puede ser es que, bajo el amparo de estas licencias, se acabe produciendo una intromisión en el sector» del taxi.

Preguntadas, señalaron que el reglamento se podrá recurrir, pero que llevaron a cabo un trabajo jurídico para sustentar las actuaciones. «Puede ser recurrida, pero no lo haríamos si no pensáramos que la podemos ganar», señaló Vidal, quien aseguró que la autorización se basará en criterios que no serán en ningún caso arbitrarios.

Punto de inflexión

Varias asociaciones de taxistas asistieron al encuentro, tras el que el presidente de la Agrupació Taxi Companys, Luis López, resaltó que han trabajado con otras administraciones después de no obtener soluciones del Ministerio de Fomento, y dijo que esta medida representa un «punto de inflexión» aunque sólo en territorio metropolitano, por lo que invitó a otros municipios a impulsar iniciativas similares.

Desde Élite Taxi, Alberto Álvarez auguró que la medida será recurrida, y garantizó que el sector del taxi «va a seguir en pie de guerra», mientras que el presidente del Sindicat del Taxi de Catalunya, Luis Berbel, sostuvo que la forma de solucionar el asunto es que los vehículos VTC vuelven a su nicho de mercado.

Contra la competencia

Taxistas de Barcelona votarán el 11 de diciembre si concentran sus protestas ante infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, como el puerto de Barcelona, el aeropuerto de El Prat y estaciones de tren, ante el aumento de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC). Es parte de su lucha contra la competencia de Uber.