Bienestar aprueba un protocolo para proteger a los niños en acogida

Era un joven aparentemente normal, educador social que se ofreció a la administración para acoger a niños sin hogar. Desde 1997, David se responsabilizó de 14 menores de diferentes edades. El hombre, que ahora tiene 47 años, fue detenido y encarcelado en junio por haber abusado, supuestamente, de algunos de esos menores. Los hechos, que están siendo investigados por la Justicia y la Generalitat, supusieron un mazazo para el entorno más próximo de los niños, pero, sobre todo, puso en evidencia las carencias de un sistema administrativo que debía velar por ellos y que les falló. La conselleria de Bienestar se puso manos a la obra y ahora cuenta con un protocolo para evitar nuevos casos.

El Instituto Catalán de Acogida y Adopción de la Generalitat (ICAA) ha estado trabajando durante los últimos meses para concretar unas medidas de control y vigilancia de los menores que, tutelados por la administración catalana, viven acogidos por una familia. El decálogo de actuaciones, al que ha tenido acceso Efe, va dirigido, sobre todo, a los técnicos del ICAA y a las instituciones colaboradoras de integración familiar (ICIF), que son las responsables de controlar que los niños están bien acogidos.

Entre las medidas destaca la formación que recibirán las personas que trabajan directamente atendiendo a estos niños, de manera que puedan ser capaces de apreciar, en el más mínimo detalle, que al menor le ocurre algo. Colaborarán en esta formación la Dirección General de Policía y expertos en la materia. Asimismo, el protocolo insiste en la necesidad de poder contar con un espacio «en el que se puedan captar y recoger las manifestaciones que quiera hacer el menor acogido, a solas con los profesionales que hacen el seguimiento de la acogida y donde el niño o la niña se pueda sentir cómodo y libre para hablar y tratar cualquier tema que les pueda preocupar, angustiar o ilusionar». Además, el seguimiento de los niños pasa de ser semestral a trimestral e incluye una visita presencial cada seis meses. Los informes que deriven de la vigilancia deberán ser mucho más concretos y exhaustivos que hasta ahora e incluir el estado emocional y relacional del menor.

En cuanto a las personas que acojan a estos menores, deberán pasar un test de personalidad y comunicar cualquier cambio en sus vidas, ya se de domicilio o de estado civil, entre otras obligaciones que recoge el protocolo.