CiU quiere imponer el uso del catalán en el ámbito de la Justicia

El grupo parlamentario de CiU ha presentado una proposición de ley para que el catalán pase a ser un «requisito imprescindible» para todos los funcionarios que trabajen en el ámbito judicial en Cataluña. Según un comunicado de la federación nacionalista, el objetivo es «garantizar el derecho efectivo de su uso».

La Generalitat sigue, en pleno proceso soberanista, con su política de imposición del catalán, que se extiende a muchos ámbitos, especialmente en la educación, con la política de inmersión lingüística; los comercios, con las multas por no rotular en este idioma, y ahora también el ámbito judicial.

CiU justifica esta proposición de ley porque no se ha podido conseguir el uso del catalán en la Justicia valorando «el conocimiento del idioma como un simple mérito». La nueva normativa que propone la federación nacionalista indica que, a pesar de los «intentos por articular soluciones a la pluralidad lingüística en los últimos años, «la administración de Justicia ha sido poco permeable a la utilización de otras lenguas que no sean el castellano».

«Derecho lingüístico»

El objetivo, según la proposición de ley de CiU, es conseguir una reforma que «garantice el derecho lingüístico» de los ciudadanos que utilizan los servicios judiciales para recibirlos en catalán. El uso de este idioma en la Justicia es una de las asignaturas pendientes de la política lingüística de la Generalitat. En 2005 se emitieron 43.613 sentencias en catalán, mientras que en 2011, que son los últimos datos disponibles, fueron 34.734, apenas el 13 por ciento del total.

Hace dos semanas, el portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Francesc Homs, anunció, respecto a estos datos, que «no podemos estar contentos porque vamos atrás como los cangrejos».

La reacción no se ha hecho esperar y, en plena deriva soberanista, CiU ha registrado esta proposición en el Parlament para que se presente posteriormente en la Mesa del Congreso de los Diputados y a partir de allí la intención es que puedan modificarse dos leyes orgánicas, la 6/1985 del Poder Judicial y la 50/1981, que regula el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

En el primero de los casos, porque se necesita una nueva redacción «en los preceptos que hacen referencia al conocimiento y uso de lenguas oficiales por parte de los jueces, magistrados, secretarios judiciales y personal de la administración de Justicia destinados a las comunidades con lengua propia».

La pretensión de CiU es que, con este posible cambio, los funcionarios del ámbito judicial en Cataluña acrediten el dominio del idioma catalán con el «principio de eficacia», y desarrollen su tarea conociendo «un hecho tan elemental como la lengua del territorio».