Colau despide la campaña con una protesta de la Guardia Urbana contra su política de seguridad

La historia del robo de un reloj de 30.000 euros en la que los ladrones huyeron en taxi es uno de los últimos episodios de violencia que ha vivido Barcelona. Tuvo lugar el 15 de mayo. Una pareja de turistas paseaba por el centro. Un grupo de jóvenes la rodeó y uno de ellos arrancó al hombre un reloj de 30.000 euros. La pareja no tuvo ocasión de correr tras el ladrón, porque los malos huyeron de la escena del crimen en taxi.

Pero las víctimas sí pudieron denunciar el robo e identificar al presunto autor de los hechos. Era un conocido de la policía. Tenía 11 antecedentes por otros robos. Los Mossos d' Esquadra pidieron permiso al juez para entrar y registrar su vivienda. Allí, encontraron el reloj de 30.000 euros, otro reloj de lujo robado y documentación falsa. El joven pasó a disposición judicial y el juez dictó su ingreso en prisión.

Ada Colau denunciaba hace una semana que el cambio jurisprudencial de 2017, que elimina el agravante de reincidencia en delitos leves como el hurto para castigarlos con penas de prisión, ha convertido Barcelona en un paraíso para los ladrones. «A los ladrones les sale a cuenta venir a robar», decía. Además de señalar que la ley no ayuda a luchar contra hurtos y robos, que suman el 90% de los delitos que se cometen en Barcelona, culpó al Govern de desatender la seguridad.

Lo cierto es que los delitos han aumentado un 13% en los primeros meses del año y los robos con violencia un 29,5% durante el primer trimestre de 2019 en relación con el ejercicio anterior. El Ministerio del Interior sitúa Barcelona como la ciudad más insegura del país, se cometen 119 delitos por cada mil habitantes. Diez años después, la inseguridad vuelve a ser, la primera preocupación de los ciudadanos.

Colau acusa a Interior de no aumentar el número de mossos en Barcelona desde 2009. Y lamenta que la situación de desgobierno fruto del «procés» y del 155, ha repercutido en la seguridad de la ciudad. Pero el sindicato mayoritario de la Guardia Urbana, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), cree que la culpable de la situación de inseguridad que vive la ciudad es Colau y para denunciarlo, hoy organiza una protesta en la plaza Sant Jaume. Denunciará que la alcaldesa les ha retirado el apoyo institucional y que como consecuencia «hemos perdido el principio de autoridad», lamenta Eugenio Zambrano, secretario de Administración Local del CSIF. También protestará por que Colau no ha garantizado a la Urbana seguridad jurídica en las intervenciones policiales y una pérdida de la seguridad laboral.

El CSIF se ha reunido con todos los candidatos a la alcaldía de Barcelona, excepto la CUP. Y a todos ha trasladado la urgencia de llegar a un pacto local por la seguridad para diseñar un modelo policial con vigencia de dos décadas. Actualmente, la ratio de policías por cada mil habitantes es de 3,3, en total, hay 2.400 mossos y 3.000 guardias urbanos. Zambrano denuncia que Colau «no ha cubierto las plazas de reposición y acabará el mandato con 100 agentes menos».

El sindicato pide 1.500 agentes más para llegar a 4.500, igual que el PP y Manuel Valls. El PSC rebaja esta cifra en mil agentes más, los mismos que Colau, aunque la alcaldesa pide 400 urbanos y 600 mossos. JxCAT, también ofrece en su programa 400 urbanos más. LA CUP no quiere antidisturbios, una unidad que Colau puso en entredicho y el CSIF ha defendido este mandato.

Como medida urgente, el sindicato reclama trasladar el centro de mando de la calle Lleida, donde se reunen policía, el SEM y bomberos, a otro espacio, porque el actual está «enfermo». Como ejemplo de dejadez, señalan que la Urbana patrulla con coches que no han pasado la ITV. Y para pedir un voto de confianza, explican que son la primera policía en llegar cuando hay un altercado.