Colau muestra su debilidad y retira por falta de apoyos las peticiones al Govern y al Estado

Ada Colau ha vuelto evidenciar lo difícil que es gobernar Barcelona con tan sólo 11 concejales. La alcaldesa, quien había convocado expresamente una sesión extraordinaria con el fin de debatir y aprobar las demandas del Consistorio al Govern y al Estado, tuvo que cambiar de planes

Ada Colau ha vuelto evidenciar lo difícil que es gobernar Barcelona con tan sólo 11 de los 41 concejales del pleno municipal. La alcaldesa, quien había convocado expresamente para ayer una sesión extraordinaria con el fin de debatir y aprobar las demandas del Consistorio al Govern y al Estado, tuvo que cambiar de planes a última hora y retirar del orden del día todas sus propuestas.

«No ha habido suficiente tiempo para el debate», argumentó Colau nada más empezar una sesión que apenas duró unos minutos y que sólo sirvió para que la oposición cargara contra el partido de gobierno municipal. El presidente del grupo municipal Demòcrata (PDeCAT), Xavier Trias, reprochó a la alcaldesa que no hubiera llamado antes del pleno extraordinario a los grupos para anunciar la retirada de la propuesta y la acusó de hacer «lo imposible para que no hayan acuerdos». «Usted es teatro pero ya no le compramos el guión, es muy malo», le espetó el ex alcalde a Colau.

En la misma línea se expresó Jaume Collboni (PSC), quien tildó de «improvisación» la tarea de Barcelona en Comú al frente del Ejecutivo municipal. Más duros si cabe se mostraron en el PP, Ciudadanos y Esquerra. El presidente del grupo popular, Alberto Fernández, acusó a la alcaldesa de haber retirado las peticiones del Consistorio a debatir en la sesión extraordinaria del pleno por haber oído «cantos de sirena de que no iba a sacarla adelante» y «para no evidenciar su minoría absoluta». La líder del partido naranja, Carina Mejías, criticó a Colau por «intentar actuar de forma unilateral», mientras que el republicano Alfred Bosch le afeó que «no traiga la lista de la compra» con lo «pendiente en la ciudad y que el gobierno (municipal) no está haciendo».

Entre las medidas de mayor calado político que Colau quería incluir en el pleno se encuentra el papelde «mediador» que el Ayuntamiento de Barcelona buscaba ejercer entre la Generalitat y el Gobierno «con el fin de contribuir a destensar la situación, y encontrar espacios de diálogo que permitan reconducir el conflicto». A nivel más práctico, Colau retiró del debate municipal propuestas como el incremento de hasta 150 millones de la aportación estatal al transporte metropolitano; la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para impedir el aumento abusivo de precios y ampliar la duración de contratos de alquiler; un impulso definitivo a las eternas obras de la Sagrera; más recursos a la atención de los refugiados; o un nuevo Plan por el derecho a la vivienda en Cataluña. La alcaldesa fijó un plazo de 20 días para buscar consensos entre los grupos municipales.