Colau y Puigdemont retan a Rajoy a asumir la gestión de los refugiados

El primer año de guerra en Siria, Europa recibió 7.000 peticiones de asilo. Cinco años después, el número de solicitudes asciende a 813.599, según datos de Naciones Unidas. Sólo la guerra de Siria ha empujado a 5 millones de personas a huír de su país, pero a Europa llegan refugiados de otros conflictos como el de Afganistán, Eritrea o Irak. Naciones Unidas hizo ayer un llamamientos para que «Occidente» –Europa, Estados Unidos y Canadá–, reasiente a 480.000 sirios. Aunque el llamamiento fuera urgente, en la Unión Europea, más por desidia que por inexperiencia, las cosas de palacio parecen ir despacio. De las 854 personas que España debería haber acogido en 2015 en el marco del Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados, apenas llegaron 18.

En una carta que Mariano Rajoy envió a Ada Colau en respuesta a la oferta del Ayuntamiento de Barcelona para acoger a refugiados, el presidente del Gobierno explicaba que tanto la labor de reasentar como reubicar refugiados son materia exclusiva del Estado. Y que para hacerlo de una manera ordenada y responsable precisa hacerlo en el marco de los procedimientos europeos.

Pero cifras que da ACNUR, como que cada día mueren dos niños ahogados en el Mediterráneo o que desde que empezó 2016, ya han perdido la vida más de 400 personas tratando de llegar a Europa por mar, empujaron ayer a Colau y a la Generalitat a desafiar al Gobierno en la gestión de esta crisis.

El Ayuntamiento de Barcelona, el Govern, las cuatro diputaciones y organizaciones como ACNUR, Cruz Roja, Cáritas o Stop Mare Mortum, entre otras, organizados en el comité para la acogida de las personas refugiadas se reunieron en el Palau de pedralbes para exhibir un frente común en la gestión de la crisis de los refugiados. Del encuentro salió un manifiesto donde alegan a «la obligación ética, moral y legal» para «atender, socorrer y acoger a las personas refugiadas respetando los derecho fundamentales de asilo y de la protección internacional recogidos en las convenciones internacionales». También reclaman al Gobierno que admita las cuotas pactadas por la UE y que amplíe el número de refugiados en función de la dimensión de la crisis.

La Generalitat, representada por la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa; el conseller del Interior, Jordi Jané, y el de Asuntos Exreriores, Raül Romeva, reclamó al Gobierno que le ceda las competencias para abordar la crisis de los refugiados. «Vamos a hacer una política catalana que nos permita hacer la acogida como dice el Estatut, que es la que nos permite reclamar constantemente al Estado que ceda la gestión de los refugiados a las comunidades y poder trabajar directamente con las instituciones europeas», insistió Bassa.

La consellera volvió a repetir que la Generalitat tiene capacidad de acoger ya a 1.800 refugiados y a 4.500 a medio plazo. De hecho, trasladó por carta a la Comisión Europea esta oferta, pero el gesto irritó al Gobierno que acusó a Carles Puigdemont de saltarse el consenso del Congreso de los Diputados sobre la posición de España ante el conflicto de los refugiados en la UE y de haber actuado «unilateralmente».

Aunque el Gobierno defiende una gestión ordenada, Colau explicó que se ha triplicado la llegada de refugiados a Barcelona por otras vías. El año pasado solicitaron asilo 1.300 personas y este año ya lo han hecho 600. El Govern informó de que ayer instaló a 30 refugiados en el bloque habilitado en Salt (Girona). Ante lo que denuncian como una «dejadez» del Estado, Colau y Puigdemont tratan de asumir las riendas de esta gestión.

La alcaldesa viaja a Bruselas

En Gobierno reubicará con carácter inmediato a 50 refugiados desde Italia y otros 150 de Grecia. Y está trabajando con ACNUR para iniciar el reasentamiento de 285 refugiados este cuatrimestre. Pero esta respuesta que Mariano Rajoy trasladó al Ayuntamiento de Barcelona no satisfizo a la alcaldesa. Ada Colau viajará a Bruselas para una reunión junto a alcaldes de Berlín, Ámsterdam y Atenas entre otros, convocados por la Comisión Europea para abordar la acogida.