Condena pionera a la Generalitat por un caso de acoso escolar

Tendrá que indemnizar con 3.820,83 euros a la familia de un menor que sufrió acoso en un colegio de Coma-ruga, en El Vendrell (Tarragona).

Un juez de Tarragona ha condenado por primera vez a la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña a indemnizar a la familia de un menor con 3.820,83 euros que sufrió acoso en un colegio de Coma-ruga, en El Vendrell (Tarragona).

Fuentes de la Conselleria de Enseñanzaaseguraron ayer a Europa Press que se trata del primer caso de estas características que ha tenido el departamento y que no recurrirá la sentencia.El fallo recoge que la familia del menor denunció que entre 2009 y 2013 el menor sufrió por parte de compañeros de clase «insultos, acoso, vejaciones, empujones, golpes, amenazas, coacciones e insultos racistas» desde que cursaba P4 a tercero de Primaria.

La familia denunció que al menor le encerraron en varias ocasiones en los baños del colegio, fue objeto de insultos racistas y le sustraían el desayuno de la mochila, además de agredirlo en el patio del colegio, por los que fue tratado por especialista que le diagnosticaron estrés postraumático

El titular del Juzgado contencioso-administrativo 2 de Tarragona, considera acreditado que el menor de edad padeció estrés postraumático «de moderado a grave» por los hechos, a tenor de los test.

En la sentencia, el juez señala que la directora del centro y tutores ofrecieron una versión diferente de los hechos, señalando que una refiere “sobreprotección” de la madre del menor; otra que en el aula había buen ambiente, aunque se producían pequeñas disputas entre el menor y otro alumno, y otra que un grupo de tres o cuatro provocó episodios de tensión, afectando a varios alumnos además del menor.

El juez señala que no queda acreditado que la escuela tomara medidas que aparecen en el protocolo para este tipo de casos, como entrevistas con los padres de los menores que intervenían en las peleas o la aplicación de algún protocolo para minimizar los hechos, y remarca que la administración no adoptó “todas las medidas que hubieran sido deseables”, por lo que estima parcialmente el recurso de los padres, que exigían una indemnización de 16.800 euros.