Crece la ocupación de viviendas, el barraquismo del siglo XXI

Tres de cada diez familias ocupas atendidas por la PAH han sido desahuciadas por no pagar el alquiler.

En Barcelona, cerca de 240.000 familias viven de alquiler. Y estudios como el del Observatorio Municipal de la Vivienda, que preside Carme Trilla, confirman que se concentran en los tramos de renta más bajos. El precio de los alquileres no deja de crecer. En los últimos tres años, lo ha hecho un 24 por ciento de media. En cambio, los salarios se mantienen y las consecuencias de esta paradoja son alarmantes. El 42 por ciento de los ciudadanos se ve obligado a dedicar más del 40 por ciento de sus ingresos a pagar el piso y los suministros asociados. Dicen los estándares aceptados a nivel internacional que no es recomendable dedicar más de un 30 por ciento al pago de la vivienda. Pero en Barcelona pasan cosas como esta, que una cuota de 800 euros mensual de alquiler representa un 113 por ciento del salario mínimo interprofesional de 2017. El sobresfuerzo que hacen muchas familias para pagar la vivienda, pone a muchas de ellas en una situación de riesgo real de perder su casa si sus ingresos disminuyen. Los últimos en dar la voz de alarma fueron la Agencia de Salud Pública de Barcelona, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética, el Observatorio DESC e Ingenieros sin Fronteras, que han elaborado el primero de una serie de informes que ayuden a concretar medidas y prácticas para abordar el problema de la vivienda.

El informe, que fue presentado ayer, se llama «Radiografías de la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto en la salud de Barcelona», y constata, entre otras cosas, que crecen las ocupaciones de viviendas. Guillem Domingo, uno de los autores, señala que este nuevo fenómeno sería comparable al barraquismo y a la autoconstrucción de los años 60 y 70. «La gente se espabila, igual que hace cincuenta años. Pero ahora, las familias no buscan un terreno y ponen tochos, sino que buscan una vivienda vacía y acceden con condiciones muy precarias». Tanto, que un 73 por ciento de las personas que viven en un piso ocupado tienen un acceso irregular a los suministros de agua, luz y gas.

El fenómeno es nuevo en tanto que el 73 por ciento de las familias atendidas por la PAH ocuparon la vivienda en la que viven después de 2017. Se da la situación de que tres de cada diez, antes, habían sido desahuciadas por no pagar el alquiler. Además de la subida de los alquileres, la portavoz de la PAH, Lucía Delgado, señala que la Ley de Arrendamientos Urbanos, que reduce los contratos de cinco a tres años y los desahucios express deja a muchas familias en la calle.

La falta de una vivienda, la posibilidad de perderla y no tener los suministros básicos cubiertos afectan a la salud mental del 82 por ciento de las mujeres y al 70 por ciento de los hombres, cuatro veces más que a la población general. Reclaman abordar su tratamiento desde la atención primaria ofreciendo ayuda psicológica y social, no pastillas. Y alertan de que la situación se puede agravar si al 80% de los atendidos que pagan alquileres de 600 euros, les suben la cuota.

Las claves

El 78% de las personas que no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada en invierno son mujeres. La pobreza se ceba con madres solas.

El informe se hace a partir de cien encuestas a personas atendidas por la PAH. El 47% está en paro, el 29% no recibe ninguna prestación, el 81% tienen ingresos inferiores a mil euros y otro 80% se queda con menos de 400 euros tras hacer frente al pago de la vivienda y sus suministros