Vivienda
El Ayuntamiento acumula 407 viviendas vacías y 75 solares
El PP denuncia que el peligro de «okupaciones» obliga a pagar seguridad privada
El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona sigue denunciando que en Barcelona siguen habiendo centenares de pisos municipales vacíos.
El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona sigue denunciando que en Barcelona siguen habiendo centenares de pisos municipales vacíos. Sobre todo por parte del Patronato Municipal, y también de Regesa y el Institut Català del Sòl (Incasol). Serían en total unas 400 viviendas deshabitadas. Los populares llevan tiempo con quejas por este asunto.
Los populares trasladaron diversas preguntas al Consistorio liderado por Ada Colau. El concejal Eduardo Bolaños explicó a LA RAZÓN que básicamente hay dos problemas. Uno serían las renuncias tras el final de los contratos. A su juicio, «pasa demasiado tiempo hasta que los pisos vuelven a ser alquilados».
«Okupaciones»
Bolaños se quejó de que estos largos tiempos de espera provocan problemas con los «okupas», que intentan no desaprovechar estas ocasiones. La consecuencia es que el Ayuntamiento tiene entonces que poner seguridad privada en estos edificios. Según datos del PP, en 2015 el Consistorio se gastó más 500.000 euros.
El líder municipal del partido, Alberto Fernández, afirmó en diversas ocasiones que el gobierno de Colau «debería automultarse por no dar el uso social previsto a las viviendas públicas vacías. En vez de adjudicar los pisos vacíos, se paga a empresas privadas para que las vigilen».
Otro problema, explicó Bolaños, es que dos tercios de los ciudadanos inscritos en el sorteo para acceder a estas viviendas renuncian a los pisos, por dos motivos. O no les gusta el inmueble o les disgusta la zona, según el concejal. Actualmente, hay unas 29.000 familias que aspiran a este tipo de pisos, lo que se traduce en unas 55.000 personas.
Por lo tanto, aparte de denunciar el número de pisos vacíos y el tiempo que pasan deshabitados hasta que son realquilados, Bolaños insistió en que al Consistorio «le falta mejorar el criterio respecto a estas viviendas». También denunció que las respuestas del gobierno municipal están siendo «imprecisas».
Algunos de los edificios y locales que llevan más de cinco años vacíos son el Antic Institut Botànic, la masia del mismo recinto, el Palauet del Laberint d´Horta, la Casa de la Premsa, la casa Hurtado, una sede del 22 @ y el edificio Transformadors, entre otros.
Ya el año pasado Alberto Fernández afirmó que «si Colau optara por fomentar más el alquiler social frente al derecho de superficie garantizaría que las viviendas vacías, por las que se paga un sobrecoste de seguridad privada, estén habitadas y no vacías como ocurrió durante años con las más de 250 viviendas públicas en Torre Baró o en Can Cortada».
«Automulta»
Los populares ya reclamaron en noviembre a Colau que «se automulte por tener 407 pisos y 75 solares vacíos entre Barcelona y su área metropolitana».
Alberto Fernández explicó que el equipo de gobierno municipal aprobó «multar a los bancos, pero la alcaldesa debe aplicarse la misma medicina para empezar a resolver los problemas de viviendas vacías que tienen las administraciones públicas en Barcelona».
En este sentido, el PP recordó tanto el Ayuntamiento como la Generalitat son grandes tenedores de pisos vacíos en Barcelona». Añadió que la capital catalana tenía en ese momento un total de 75 solares vacíos que «permitirían la construcción de 4.000 viviendas que están pendientes de construcción».
Además, recordó el retraso en promociones del mandato anterior, como Germanetes con 82 viviendas, Can Fabra con 45 y Marina del Prat Vermell con 90.
Sin embargo, el Ayuntamiento lo que aprobó el año pasado fue la polémica tasa sobre los pisos que lleven vacíos más de dos años. BComú, PSC y ERC votaron a favor; CiU, Ciudadanos y la CUP se abstuvieron. El PP votó en contra. Poco después empezaron a caer las primeras sanciones.
Según el primer teniente de alcalde, esta tasa no se aplicará con afán recaudatorio, sino que su objetivo es «facilitar el acceso a la vivienda, disuadir a los grandes propietarios de mantener sus viviendas sin uso con fines meramente especulativos. Nuestro objetivo no es sancionar porque sí, nuestro objetivo es acabar con los pisos vacíos», subrayó Pisarello. Desde parte de la oposición se calificó la medida de «simbólica, política de pancarta».
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