El Estado pide inhabilitar a otros cuatro diputados

Son miembros de la Mesa del Parlament de Junts pel Sí y Catalunya Sí Que Es Pot

Los representantes de la Mesa del Parlament de Junts pel Sí –coalición compuesta por el PDECAT (antigua Convergència) y ERC–, y Catalunya Sí Que Es Pot –coalición formada por Podemos, ICV-EUiA y Equo– podrían correr la misma suerte que la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell. Según La Vanguardia, el Tribunal Constitucional (TC) notificaría mañana a estos diputados que ha iniciado un incidente de ejecución contra ellos al ser acusados de incumplir una de sus sentencias: desobediencia por permitir la votación de las conclusiones de la comisión del Proceso Constituyente y la resolución aprobada en el debate de Política General que incluye la celebración de un referéndum. De esta manera, los requeridos seguirán el mismo camino que Forcadell: tendrán –a partir de mañana– 20 días para presentar alegaciones ante el TC, y si estas son rechazadas se abriría la vía penal, aunque se trataría de una pieza aparte.

De ser así, llegaría justo el día que se debatirá y aprobará una resolución para defender la «inviolabilidad» de Forcadell. La iniciativa parlamentaria fue impulsada por Junts pel Sí y la CUP –que cuentan con mayoría parlamentaria para garantizar el plácet de la resolución– nueve días antes –el 7 de diciembre– de que la presidenta del Parlament acudiera al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a su citación judicial. Precisamente, durante su declaración pidió a la magistrada, Maria Eugènia Alegret, su «inviolabilidad» como presidenta de la cámara catalana. En esta propuesta de resolución, las fuerzas independentistas señalan que la «imputación de responsabilidad penal» por permitir la votación del proceso constituyente «vulnera de manera flagrante la inviolabilidad parlamentaria». Así, apelan a la impunidad de todos sus diputados «por cualquier actuación parlamentaria». La resolución, que contiene cuatro puntos, también defiende el papel de Forcadell durante la votación. Para los soberanistas, no puede «coartar o impedir a los diputados la libre manifestación de sus opiniones o voto». Además, y en el uso habitual de la «democracia» para amparar los avances en el proceso rupturista, ven esta causa como «una criminalización de la actividad parlamentaria».