El Gobierno amplía el cerco en el TC contra Forcadell y la Generalitat

Plantea un nuevo incidente de ejecución contra las resoluciones independentistas.

El Consejo de Ministros aprobó ayer impugnar de nuevo ante el Tribunal Constitucional (TC) una resolución del Parlamento de Cataluña, esta vez la última en la que se plantea la convocatoria de un referéndum de independencia antes de que acabe el mes de septiembre de 2017. Los informes de la Abogacía del Estado defienden solicitar la anulación íntegra de los acuerdos aprobados por la Cámara catalana el pasado 6 de septiembre dentro de su proyecto de ruptura con España.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió en que las resoluciones, aunque se planteen con distinto formato, si tienen el mismo objetivo rupturista, todas van a terminar recurridas ante el Alto Tribunal. «Las resoluciones son un paso reiterativo del Parlamento de Cataluña y por eso las incorporamos al incidente de ejecución», explicó la vicepresidenta. Antes de precisar que en su recurso al TC también reclaman que se deduzca testimonio particular para que la Fiscalía actúe contra Carmen Forcadell, presidenta del Parlamento catalán, si entiende que ha cometido un delito penal, y contra el resto de personas «que incumplan los mandatos». Asimismo se requiere personalmente a la presidenta del Parlamento catalán y a los demás miembros de la Mesa, además de al presidente y al resto de la Generalitat, «para que se abstengan de realizar cualquier actuación para dar cumplimiento a las resoluciones impugnadas».

Los servicios jurídicos del Estado consideran que las resoluciones aprobadas por el Parlamento catalán en septiembre, pactadas entre Juntos por el Sí y la CUP, vulneran específicamente lo resuelto por la sentencia del TC 259/2015 de 2 de diciembre, por la que se anuló el proceso de ruptura lanzado con la consulta de cartón del 9N. La Abogacía del Estado recuerda en su informe que en julio y en octubre pasado el Constitucional dictó nuevas resoluciones anulando las iniciativas rupturistas por inconstitucionales, con expreso mandato de que la presidenta y la Mesa del Parlamento impidieran otros pronunciamientos similares. Un mandato que ha sido claramente incumplido. Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno en funciones rechazó la propuesta del presidente de la Generalitat para acordar una pregunta para el referéndum de autodeterminación porque la soberanía nacional no es objeto de negociación ni algo de lo que pueda disponer ni el Gobierno de Rajoy ni ningún otro Gobierno que venga después, según subrayó Sáenz de Santamaría. «Ni el señor Puigdemont ni el señor Rajoy pueden negociar nada que corresponde al conjunto de los españoles porque no están legitimados, porque decidir qué es España y cómo se organiza lo decidieron los españoles y está en la Constitución», afirmó. Son derechos de todos los españoles y protegidos por la Ley, y «si se da a entender que cualquiera se puede saltar la ley, cada uno puede elegir la Ley que se salta». «Puigdemont no es nadie para negociar lo que no le corresponde. Debería sentarse a hablar con 47 millones de españoles», concluyó la vicepresidenta.